Fuente: Annie Grayer/annie_grayer@cnnespanol.cnn.com
La congresista demócrata Ilhan Omar está cuestionando la legalidad del registro que el Gobierno de Donald Trump realizó en su residencia a comienzos de esta semana y demanda la devolución de los objetos incautados por agentes federales.
El viernes, los abogados de Omar enviaron una carta, a la que tuvo acceso CNN, dirigida a los fiscales del Departamento de Justicia, en la que sostienen: "Esta investigación penal vengativa, punitiva y con motivaciones políticas contra una de las principales críticas del presidente en el Congreso vulnera los derechos constitucionales de la representante Omar y pone en riesgo la separación de poderes".
Como parte de una pesquisa por presunto fraude migratorio que apunta a la congresista, posibles declaraciones falsas en documentos oficiales y una posible conspiración, el Gobierno llevó a cabo un registro inusualmente riguroso en la vivienda de Omar, ubicada en el área metropolitana de Washington, según varias fuentes familiarizadas con la investigación.
Agentes federales ejecutaron una orden judicial para registrar su casa durante la madrugada del lunes, tras obtener la autorización de un juez federal de primera instancia, quien además impuso restricciones sobre cómo el Departamento de Justicia podía acceder a sus documentos. Omar ha sido un blanco constante de la Casa Blanca.
La congresista negó las bases del proceso, asegurando que obtuvo su ciudadanía naturalizada legalmente en el año 2000 luego de huir de Somalia en 1995.
"No existe base legítima para sugerir que ella haya infringido alguna ley vinculada a su estatus de ciudadanía", indicaron los abogados Amy Jeffress y Joshua Matz en la carta enviada a los fiscales federales. También solicitaron que se preserven todas las grabaciones audiovisuales realizadas por los agentes durante el registro.
Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de información realizadas por CNN sobre las acusaciones planteadas por los abogados de Omar.
Los defensores de Omar señalaron diversas irregularidades respecto al modo en que se efectuó el registro. Indicaron que la Oficina del Asesor Jurídico de la Cámara de Representantes no fue notificada sobre el procedimiento hasta después de que este se hiciera público. Según la carta, el juez encargado había ordenado protocolos especiales para informar tanto a la Cámara como a Omar y sus abogados sobre sus protecciones constitucionales como miembro del Congreso. Los letrados afirmaron que los investigadores podrían haber violado los derechos constitucionales de la congresista al no cumplir con las directrices establecidas por el juez.
Además, ni funcionarios de la Fiscalía federal ni del Departamento de Justicia estuvieron presentes durante el registro para comunicarle a Omar sus derechos conforme a la Cláusula de Discurso o Debate; en cambio, se le presentó una exención que ella no firmó. Los abogados también denunciaron que no tuvieron oportunidad para identificar ni separar materiales amparados por dicha cláusula.
El registro "se basó en una teoría conspirativa obsoleta y antigua", escribieron los representantes legales, destacando además que el allanamiento tuvo lugar menos de tres semanas antes del día electoral.
"Históricamente, el Departamento [de Justicia] ha evitado acciones investigativas tan próximas a unas elecciones para impedir incluso la apariencia de procedimientos policiales con fines políticos. Pero las motivaciones políticas detrás de esta investigación y registro preelectorales son evidentes. Por lo expuesto anteriormente, este registro carece tanto de justificación como de legalidad", añadieron en su misiva, reportada inicialmente por The Wall Street Journal.
Jeffress y Matz también mencionaron que en los documentos relacionados con la orden se referían repetidamente a Omar por su nombre propio y pidieron a los agentes que, en adelante, se dirijan a ella respetando su título adecuado.
Katelyn Polantz colaboró en este informe.
Con información proporcionada por Katelyn Polantz, CNN.
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