Fuente: John Fritze/john_fritze@cnnespanol.cnn.com
Este miércoles, la Corte Suprema bloqueó la orden del presidente Donald Trump que buscaba suspender la terapia hormonal y otros tratamientos para personas transgénero en cárceles federales; se trata de una rara victoria para los derechos transgénero ante un tribunal de marcada orientación conservadora.
El tribunal emitió una resolución breve, compuesta por una sola frase, sin ofrecer justificación alguna sobre su decisión.
Desde el regreso de Trump al poder el año pasado, la Corte Suprema ha autorizado a su administración a prohibir que personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas y ha respaldado una política que exige que la designación de género en los pasaportes estadounidenses coincida con el sexo asignado al nacer. De igual forma, este año el tribunal validó leyes estatales que impiden a atletas transgénero competir en equipos femeninos.
Este recurso de emergencia reciente aborda un tema que Trump planteó durante su campaña para 2024, a través de varios anuncios televisivos en los que criticaba a la candidata demócrata Kamala Harris por sus posturas respecto a las personas transgénero. En su primer día tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó un decreto que prohíbe "cualquier procedimiento médico, tratamiento o medicamento" destinado a "modificar la apariencia de un recluso conforme al sexo opuesto".
Más tarde, la Oficina Federal de Prisiones estableció una política que permite acceso a servicios de psicoterapia y psiquiatría para los presos con disforia de género, pero excluye las terapias hormonales, cirugías y los "ajustes sociales", categoría que puede abarcar aspectos como vestimenta y maquillaje.
Un tribunal de distrito y otra instancia federal de apelaciones en Washington bloquearon temporalmente la aplicación de la política impulsada por Trump. En una breve orden emitida el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Circuito concluyó que esta política era probablemente arbitraria y caprichosa, ya que la Oficina Federal de Prisiones no había considerado adecuadamente su propia experiencia brindando atención afirmativa para el género bajo su política anterior.
En su recurso de emergencia ante la Corte Suprema, el Gobierno de Trump argumentó que sí había tomado en cuenta dicha experiencia, señalando que los tratamientos y ajustes previos "generaban preocupaciones relacionadas con la seguridad y administración penitenciaria que superaban cualquier beneficio limitado que pudieran aportar".
Tres reclusos que afirmaron haber recibido terapia hormonal durante años impugnaron la medida, alegando que representaba un cambio abrupto tras décadas de políticas anteriores y provocaría la interrupción del tratamiento para cerca de 1.000 personas bajo custodia. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) indicó ante la Corte Suprema que el argumento sobre preocupaciones de seguridad dentro de las prisiones resulta extraño, pues la Oficina Federal de Prisiones (BOP) "no ha reportado ni un solo incidente relacionado con la prestación de este tratamiento en los últimos 30 años".
Dos jueces conservadores —Clarence Thomas y Samuel Alito— manifestaron su desacuerdo con la resolución del miércoles, aunque no explicaron sus razones. Esta ausencia de justificaciones llama especialmente la atención dada la existencia previa de todos los escritos presentados y el hecho de que el caso estaba listo para resolverse desde hacía casi dos semanas.
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