La estructura de una acusación en el caso del ensobrado

Fuente: Hoy Digital

Los enfrentamientos entre Trump o Milei y la prensa no son hechos recientes. Entre las diversas formas en que el poder construye la figura del periodista como villano, existe una que no cuestiona lo que se dice, sino cuánto se cobró por expresarlo.

Cada vez que Donald Trump reprende a un cronista durante una conferencia de prensa o cuando Javier Milei ataca a un periodista en las redes sociales, estas escenas parecen excepcionales en los tiempos actuales. Sin embargo, no lo son. En 1951, Perón expropió el diario La Prensa; Richard Nixon incluyó a periodistas en su lista de enemigos; Hugo Chávez no renovó la licencia de RCTV y Rafael Correa llevó a juicio al diario El Universo. Aunque cambian los estilos, los países y las tendencias ideológicas, este gesto se repite con tanta frecuencia que debe interpretarse menos como una salida personal y más como un rasgo constante de la política contemporánea.

Toda historia política requiere de un villano. Los expertos en narrativas de políticas públicas lo señalan desde hace tiempo: los actores políticos no solo compiten con datos y argumentos, sino también con relatos, y todo relato efectivo asigna roles de víctimas, héroes y villanos. Pero el periodista no es un villano cualquiera. Mientras el empresario prebendario o el burócrata son personajes dentro de una historia, el periodista es quien narra esas historias. Por ello, cuando se ataca al periodismo se está atacando al narrador. Ya no se discute una política específica, sino quién posee la autoridad para contarla.

El politólogo E. E. Schattschneider describió esta lógica hace más de seis décadas: quien controla el alcance del conflicto controla su desenlace. El periodismo amplifica los conflictos, y demonizar al periodista es una manera de reducir el escenario antes de que el público pueda observar.

El poder utiliza varias máscaras para construir esta figura. Trump opta por la del Inquisidor: la prensa como “enemiga del pueblo”, una élite que cree poseer la verdad absoluta. En la Argentina actual predomina otra máscara, más cotidiana y quizás más efectiva: la del Mercenario.

Se trata del periodista que vende su pluma. Actúa por interés propio y al servicio de terceros. La narrativa que lo rodea es de corrupción: su palabra carece de valor porque está comprada. Detrás de él siempre hay un villano mayor que paga, ya sea la casta política, el gobierno anterior o un empresario cercano al poder.

Su léxico característico es inconfundible: “ensobrado”, término que Milei ha incorporado a su vocabulario habitual. Esta palabra resume toda la historia en una imagen: un sobre con dinero que cambia de manos. No es necesario probar nada, basta con nombrarlo. Si un artículo revela un contrato irregular, la respuesta no discute dicho contrato sino el precio del periodista. La acusación resulta irrebatible por diseño: cada crítica posterior se convierte en una prueba más de la existencia del sobre.

Su eficacia radica en que conecta con una sospecha genuina y extendida sobre el uso discrecional de la publicidad oficial, un problema real que diversos gobiernos no lograron resolver. La narrativa transforma ese problema estructural en una acusación individualizada. Ya no se habla de “la prensa” en abstracto, sino de un periodista con nombre y apellido. En ese punto, la discusión deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en hostigamiento.

Nada de esto implica que el periodismo esté exento de faltas. Existe pauta mal distribuida y hay periodistas que venden sus servicios. Justamente por eso funciona el concepto del ensobrado: se apoya en algo reconocible por el público como verosímil. El problema no es criticar al periodismo; esa crítica es sana y necesaria. El problema aparece cuando esa crítica deja de centrarse en lo que dice un periodista para enfocarse en cuánto supuestamente cobra. En ese momento ya no se refuta un argumento sino que se desacredita al narrador.

Y una democracia donde todos los narradores están bajo sospecha es una democracia donde nadie puede relatar lo que sucede.

Quizá todo esto pueda resumirse en una fórmula que ningún gobierno expresaría en voz alta pero que muchos aplican: los periodistas se dividen entre sospechosos y culpables. Solo los nuestros son buenos.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires (1989), con maestría (Universidad de Buenos Aires, 1996) y doctorado (Université du Québec, Canadá, 2010) en Administración Pública.

Fue subsecretario del Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina e investigador del Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de Recursos de la Seguridad Social. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales y ha sido profesor en programas de doctorado.