Fuente: Hainan Reynoso Uribe/hainan_reynoso_uribe@hoy.com.do
Tener reconocido el derecho a la educación no garantiza que una persona pueda acceder a un aula. Contar con la capacidad para trabajar tampoco asegura encontrar un empleo. Y tener una silla de ruedas puede cubrir una necesidad de movilidad, pero no elimina las barreras que representan escaleras, aceras, transporte o edificios inaccesibles.
El análisis de la situación de la discapacidad en República Dominicana, por tanto, va más allá de las cifras y se enfoca en las oportunidades.
El país cuenta con un marco legal que reconoce derechos a esta población. La Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad y su reglamento abordan ámbitos como la educación, la inserción laboral y la accesibilidad universal. A estos se suman instrumentos de planificación pública orientados a eliminar obstáculos físicos, comunicacionales, sociales y culturales.
No obstante, los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 evidencian diferencias significativas entre personas con y sin discapacidad en cuanto a educación y participación laboral. Las entrevistas realizadas por HOY muestran obstáculos que van desde la infraestructura y el transporte hasta la formación, la comunicación y las actitudes sociales.
Brecha
Uno de los contrastes más marcados se observa en la alfabetización. El 22.3 % de las personas con discapacidad mayores de cinco años no sabe leer ni escribir, frente al 8.2 % entre quienes no tienen discapacidad. En cambio, el 77.7 % de esta población sí sabe leer y escribir, comparado con el 91.2 % del grupo sin discapacidad.
La desigualdad es aún más evidente al examinar la trayectoria educativa. El 20.8 % de las personas con discapacidad nunca asistió a educación formal, cifra superior a más del triple del 6.2 % registrado entre quienes no tienen discapacidad. Entre quienes concurrían a un centro educativo al momento del censo, las proporciones eran del 10 % para personas con discapacidad y 31.4 % para quienes no la tienen.
La distancia persiste en los niveles educativos superiores. El 24.7 % de las personas con discapacidad había completado o cursado secundaria, en comparación con el 35.4 % de quienes no tienen discapacidad; mientras que en nivel universitario estas proporciones eran del 12 % frente al 20.2 %, respectivamente.
Estos números encuentran explicación práctica en las aulas. Tracy Castillo Sandoval, psicóloga especializada en educación inclusiva, atención a la diversidad y orientación escolar, reconoce avances normativos, recursos y capacitación, pero señala una brecha entre dichas disposiciones y lo que ocurre realmente en todos los centros educativos.
"Sí, existen brechas. Todavía existen brechas", afirmó. Explicó que no todos los docentes están plenamente capacitados en inclusión ni todos los planteles están completamente adaptados para atender las necesidades de los estudiantes.
Castillo menciona que existen aulas específicas como espacios temporales para ciertos estudiantes, como niños con trastorno del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual, antes de integrarlos a aulas regulares; sin embargo, no todos los centros cuentan con ellas.
También advierte que la falta de un diagnóstico previo no debe ser motivo para excluir a un niño del sistema escolar. Ante señales que requieran atención, sostiene que el centro debe activar sus mecanismos de evaluación psicopedagógica y brindar el apoyo necesario. No obstante, reconoce que no todas las escuelas están igualmente sensibilizadas ni conocen bien dichos procedimientos.
Las dificultades tampoco desaparecen cuando una persona recibe rehabilitación o un dispositivo de apoyo.
Desde la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), su directora general María Luisa Lavernia y la directora de Operaciones, Apoyo Social y Estadística, Anniuska Castillo Luciano, plantean la accesibilidad como una cadena: una persona necesita poder desplazarse dentro de su vivienda, salir de ella, utilizar el transporte público, entrar al edificio destino y acceder en igualdad a espacios tan cotidianos como un baño o comedor.
La entidad señala que muchas viviendas presentan obstáculos desde su entrada y que esta cadena continúa en calles, aceras, transporte y edificaciones.
La situación económica puede agravar estas barreras. Rehabilitación relató a HOY el caso de una joven que vive en un tercer piso y solo puede asistir un día por semana a un programa voluntariado inclusivo porque ese día cuenta con alguien que la ayude a bajar. También encontraron personas que llegan a sus servicios solo con dinero para el viaje de ida y necesitan ayuda para regresar a casa.
Por tanto, la accesibilidad puede condicionar otras oportunidades.
"Tú puedes hacer un recorrido y encontrar […] personas con discapacidad, pero cuando tú sales no las ves en el parque, no las ves en la iglesia, no las ves en el ayuntamiento, no las ves en las plazas", expuso Lavernia para explicar cómo transporte, aceras y poder adquisitivo influyen en la participación social.
Además existen limitaciones dentro de los propios servicios especializados. Rehabilitación reportó dificultades para cubrir toda su red con médicos fisiatras y señaló que algunos municipios cuentan con esos especialistas solo por períodos limitados.
Barreras invisibles
No todas las barreras son físicas o visibles. Por ejemplo, para una persona sorda la imposibilidad de comunicarse con quien presta un servicio puede ser tan limitante como una escalera para quien usa silla de ruedas.
Castillo Sandoval —quien tiene experiencia con personas con discapacidad auditiva— identifica precisamente la comunicación como uno de los principales retos para esta población cuando quienes interactúan desconocen la lengua de señas. Al mismo tiempo destaca avances como la lengua de señas dominicana, materiales educativos accesibles y recursos disponibles en plataformas educativas.
Para esta especialista, sin embargo, la barrera más profunda es la actitud social: "Discapacidad no es incapacidad", enfatiza. Según ella, las limitaciones también surgen cuando el entorno físico o comunicacional y cómo perciben los demás a una persona le impiden acceder a servicios o desarrollar sus capacidades.
Esta visión coincide con la definición estadística utilizada como base para esta serie: la discapacidad debe analizarse no solo como una condición individual sino también considerando las barreras que restringen la participación social.
Después de contabilizar 478,300 personas mayores de cinco años con discapacidad, el desafío va más allá de mejorar los registros estadísticos.
Los datos muestran quiénes están quedando más rezagados respecto a escuela y mercado laboral. Las instituciones reconocen avances normativos así como programas y mecanismos en desarrollo; pero también identifican dificultades relacionadas con implementación, accesibilidad y coordinación interinstitucional.
Castillo Sandoval resume el reto desde esta perspectiva: "La inclusión comprende transformación". Para ella implica modificar espacios físicos pero también cambiar la concepción social sobre estas personas; reconocer sus capacidades, derechos, competencias y aportes potenciales.
Contar a las personas con discapacidad permite visibilizarlas estadísticamente; incluirlas implica eliminar barreras que condicionan el ejercicio efectivo de sus derechos.
Empleo: menor participación
El mercado laboral refleja otra brecha importante. Según el Censo 2022, solo el 43.3 % de las personas con discapacidad participa económicamente, frente al 58.7 % entre quienes no tienen discapacidad; mientras que la inactividad alcanza el 56.7 %, comparada con 41.3 %. La tasa de ocupación también es menor: 41.3 %, frente a más del 55 %.
La Ley 5-13 establece cuotas mínimas de contratación: 5 % en el sector público y 2 % en el privado; según explicaron representantes de Rehabilitación. Sin embargo, advirtieron que todavía República Dominicana carece de un mecanismo integral para medir su cumplimiento; dicho sistema debería articular entidades como Conadis, el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Trabajo y demás organismos públicos y privados.
Consultado por HOY, Conadis informó que el proceso inició en la administración pública mediante un subindicador dentro del sistema de monitoreo institucional; además reportó comités sobre inclusión y accesibilidad activos en al menos 30 instituciones públicas; levantamientos sobre accesibilidad física realizados en 51 entidades; así como programas formativos orientados al cumplimiento laboral obligatorio.
Son avances importantes pero corresponden a acciones aún en desarrollo y no constituyen una medición nacional completa sobre cuánto se cumplen actualmente esas cuotas legales ni cuán cerca están los sectores público y privado respecto a estos objetivos normativos.
Agregar Comentario