Fuente: Fernando Ramos/fernando_ramos@cnnespanol.cnn.com
Aviones Kfir, tanques de guerra y pistola en el cinturón: De la Espriella militariza Santa Marta ante aumento de violencia
A poco más de dos meses desde que asumió el cargo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta este miércoles la primera manifestación en contra de las políticas de su Gobierno, convocada por sectores opositores, centrales obreras y estudiantes. En las principales capitales del país se llevarán a cabo protestas que, según sus organizadores, buscan defender el salario mínimo vital, rechazar el proyecto del estatuto antiterrorista y criticar las políticas económicas y sociales de la administración ultraderechista del nuevo mandatario.
"Van contra el salario mínimo vital a partir del primero de enero, será considerablemente inferior al actual. Además, ya están subiendo los precios de alimentos como la papa, la carne, el tomate y la zanahoria. Si disminuye el salario mínimo real, que resulta de la relación entre el costo de los alimentos y el leve aumento proyectado para el salario nominal el próximo año, lo que tendremos será una caída en el nivel de vida de todos los colombianos, lo que conlleva a un aumento en la pobreza, al hambre y al cierre de empresas", afirmó el expresidente de izquierda Gustavo Petro en un video publicado en sus redes sociales oficiales, invitando a sus seguidores a salir a las calles.
La jornada se desarrolla en medio de tensiones políticas provocadas por un decreto gubernamental que busca regular las protestas sociales para evitar actos vandálicos, violencia y desmanes durante las manifestaciones.
"Ni un derecho menos para quien proteste pacíficamente, ni un espacio más para quienes destruyen y practican terrorismo urbano. Durante años se permitió que los bloqueos interrumpieran la comida, la medicina, la vida y el trabajo. Y eso erróneamente se llamó derecho", advirtió De la Espriella en una alocución al país el lunes en la noche. "Quiero que quede claro: eso no es ningún derecho, es irresponsabilidad. Y en mi gobierno eso termina. Se protegerá adecuadamente la marcha pacífica; el diálogo será la regla; las fuerzas públicas no intervendrán contra quienes marchen sin agredir. Nunca más un bloqueo permanente de una carretera".
Algunos analistas consideran que las convocatorias a marchas son prematuras y se dan en un contexto delicado debido al inicio de la reconstrucción tras los daños causados por el sismo del pasado 10 de agosto.
"Sin duda existen intereses políticos pensando en las elecciones regionales del 2027, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en todo el país. La oposición intenta calentar las calles a menos de 100 días del mandato cuando aún no hay suficientes elementos para evaluar la gestión de Abelardo de La Espriella", explicó a CNN el analista político y columnista Álvaro Ayala.
Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) están entre quienes expresarán sus demandas al Gobierno desde las calles.
"El salario de las trabajadoras y trabajadores no es un privilegio: es un derecho. Defendemos una remuneración digna, mínima y vital que permita a las familias trabajadoras vivir con dignidad y preservar su poder adquisitivo", afirmaron los directivos de la CUT al invitar a sus afiliados a participar en la jornada de protesta. Añaden: "El artículo 53 de la Constitución garantiza protección especial al trabajo y asegura una remuneración mínima, vital y móvil. ¡La dignidad no se negocia!".
Nuevas normas para las protestas y estatuto antiterrorista
Frente a las críticas provenientes principalmente del sector izquierdista por el decreto regulador de protestas, congresistas aliados al Gobierno aseguran que no se están cercenando derechos para quienes quieren manifestarse pacíficamente; lo que pretende esta medida es salvaguardar la seguridad tanto de quienes no participan en las marchas como de sus bienes y garantizar la libre circulación en todo el territorio nacional.
"La izquierda miente cuando afirma que @ABDELAESPRIELLA y @Rodrigo_Lara_ desean acabar con el derecho a protestar mediante el proyecto de decreto que actualiza el protocolo de intervención. El nuevo decreto busca proteger la protesta pacífica, los derechos ciudadanos y establecer reglas claras para aplicar el diálogo", escribió Daniel Briceño, representante a la Cámara por Centro Democrático, en sus redes sociales.
Otra iniciativa impulsada por De la Espriella que ha generado controversia —y que sectores izquierdistas incluyen entre las causas para protestar este miércoles— es el llamado estatuto antiterrorista que el Gobierno presentará para su discusión ante el Congreso.
"He manifestado mi preocupación especialmente por ese 'estatuto antiterrorista' y por el riesgo que implica que sus disposiciones acaben con la democracia e inauguren prácticas dictatoriales o crímenes de Estado. Colombia ha avanzado mucho en reconocimiento de derechos; ese camino no debe retroceder", expresó Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial por esa coalición, en un video difundido en sus redes sociales.
El ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, junto con su homólogo de Justicia, Iván Cancino —quienes lideran esta propuesta— sostienen que se busca actualizar la política criminal para dotar al país con nuevas herramientas contra grupos armados ilegales y establecer sanciones para nuevos delitos como el uso de drones para atacar a civiles o a miembros de la fuerza pública.
"Los únicos que deben temer este estatuto son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente ni partido político legítimo o quien ejerza oposición tiene motivos para preocuparse", afirmó Lara ante los cuestionamientos recibidos sobre este proyecto. Añadió: "Lo que presentaremos al Congreso será una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y garantizar que la ley se cumpla en todo el territorio".
De la Espriella ha reiterado su postura firme contra grupos violentos; con estas dos iniciativas pretende endurecer las penas contra quienes infrinjan la ley poniendo en peligro vidas civiles o militares. "Esta ley crea una lista oficial de organizaciones terroristas; permite congelar bienes; prohíbe contratación estatal; establece sanciones por uso indebido de drones contra personas o fuerzas públicas; y castiga adecuadamente ataques contra nuestras fuerzas del orden", dijo De La Espriella defendiendo esta propuesta ante medios el lunes. "Además abre una puerta: quien entregue información eficaz antes del proceso puede reducir significativamente su condena. El financiamiento del terrorismo con narcotráfico o minería ilegal ya no podrá ocultarse tras nombres políticos".
Las protestas previstas para este 14 de octubre por parte sectores opositores podrían ser apenas las primeras durante los cuatro años del mandato presidencial. En un país polarizado política e ideológicamente entre derecha e izquierda —un enfrentamiento amplificado por redes sociales— las calles se convierten en escenario para medir fuerzas y fortalecer o debilitar uno u otro bando.
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