Fuente: Alfredo Meza/alfredo_meza@cnnespanol.cnn.com
Casi diez meses después de la inesperada captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en su búnker situado al suroeste de Caracas, tanto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la principal líder opositora, María Corina Machado, parecen reacias a confrontar abiertamente al presidente Donald Trump por su política hacia Venezuela y la situación de los migrantes en Estados Unidos. Ambas cuentan con razones para cuestionar al mandatario estadounidense.
El mismo día en que se llevó a cabo la operación militar contra Maduro, Trump afirmó que él gobernaba Venezuela. En las semanas siguientes ha declarado, por ejemplo, que "el botín pertenece a los vencedores" y que el país sudamericano no está preparado para celebrar elecciones.
Sin embargo, salvo durante las confusas horas posteriores a la desaparición de Maduro, cuando Rodríguez denunció la "agresión militar" de Estados Unidos y aseguró que su país "jamás volvería a ser colonia de ningún imperio", la presidenta encargada ha optado por ignorar las muestras de poder del presidente estadounidense, algo que contrasta con la identidad política que el chavismo había construido durante décadas, un movimiento que defendió su carácter antiimperialista hasta poco antes de la operación militar del 3 de enero.
Delcy Rodríguez evitó aprovechar el escenario de la Asamblea General de la ONU para criticar a Washington, como solían hacer casi todos los oradores chavistas e incluso ella misma en años previos. En ese mismo ámbito, el fallecido presidente Hugo Chávez calificó en una memorable intervención a su homólogo George W. Bush como "el diablo".
No obstante, en la ONU Rodríguez eligió hablar sobre un futuro alineado con el plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio para Venezuela. Según dijo, se trata de llevar adelante una transformación institucional en el país que culmine en una transición "hacia una democracia plena".
Con ese giro radical, la presidenta encargada intenta preservar su poder político respaldada por Estados Unidos y un discurso que cada vez menciona menos a Maduro para centrarse en la reconstrucción institucional del país, el diálogo político con la oposición y lo que ha denominado "el renacer de Venezuela". Ni siquiera hubo respuesta oficial cuando hace una semana las autoridades estadounidenses presentaron nuevos cargos contra Maduro y Flores por conspirar para cometer torturas.
Mientras profundiza en esta línea discursiva, Rodríguez concedió a Washington acceso a parte de las reservas petroleras y estableció una agenda de colaboración que permitió incluso que Trump anunciara antes que las autoridades venezolanas la muerte del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.
El esfuerzo de Machado
María Corina Machado siempre ha sido percibida como aliada de Washington. Tras salir de Venezuela ha buscado reforzar esa imagen en entrevistas y eventos, con un mensaje destinado a garantizar inversiones estadounidenses.
Ella y las fuerzas políticas opositoras representadas en la mesa de diálogo auspiciada por Estados Unidos dependen del peso coercitivo del actual gobierno estadounidense para lograr un cambio político en Venezuela. Han puesto sus esperanzas en el éxito del plan de transición de tres fases anunciado por Rubio, sin abandonar la exigencia de celebrar elecciones presidenciales cuanto antes. Machado propuso que esos comicios se realicen el 24 de julio de 2027, fecha del natalicio de Simón Bolívar, libertador venezolano.
Uno de los cambios más evidentes respecto a lo ocurrido antes del 3 de enero —cuando Maduro y Machado rechazaron el traslado de ciudadanos venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador— se refleja en la ausencia de críticas hacia la política migratoria impulsada por Trump, quien durante su campaña para regresar a la Casa Blanca prometió realizar la mayor deportación en la historia del país.
Historias de detención y deportación
La comunidad venezolana en Estados Unidos creció en los últimos años gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido por el gobierno de Joe Biden en 2021 y 2023. Al perder dicha protección comenzaron a surgir relatos sobre venezolanos detenidos por ICE, incluidos aquellos con solicitudes pendientes de asilo.
Entre estos casos destaca Wilber Rafael Garcés Pérez, un migrante venezolano baleado tras ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, durante un confuso incidente ocurrido en septiembre pasado.
Mientras las autoridades federales sostienen haber actuado dentro del marco legal migratorio, Garcés y su defensa cuestionaron el procedimiento y la falta de atención médica inmediata. Dos días después del disparo Garcés aún tenía una bala alojada en la espalda, según declaró su abogado a CNN. Un juez federal ordenó suspender temporalmente su deportación mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con su caso.
También fue muy difundido el caso de los venezolanos Luis David Niño-Moncada y Yorlenys Zambrano-Contreras, quienes resultaron heridos durante un operativo federal en Portland en enero pasado. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó entonces que sus agentes actuaron en defensa propia y posteriormente vinculó a ambos con el Tren de Aragua, banda criminal venezolana mencionada frecuentemente por Trump. Los abogados negaron dichas acusaciones.
Estos casos captaron la atención de la diáspora venezolana en Estados Unidos; sin embargo, ni Rodríguez ni Machado emitieron declaraciones condenando lo sucedido o criticando el trato dado a los inmigrantes.
La líder opositora parece concentrarse en presionar para obtener permiso para regresar a Venezuela. En ese aspecto sí cuestiona cómo el gobierno Trump facilita la transición.
El 5 de octubre Machado publicó un artículo en el New York Post donde afirmó que los venezolanos en el exterior solo retornarán si existe una ruta clara hacia la democracia y reiteró que es "urgente" su regreso para acompañar y organizar a la ciudadanía.
Rodríguez necesita conservar buenas relaciones con Washington para acceder a inversiones y cooperación internacional. Aunque eso no garantiza mantener su poder político, este cambio podría generar mejores condiciones para la recuperación económica venezolana. Machado sabe desde hace años que depende del respaldo estadounidense; ahora busca regresar al país para superar el hecho de que su movimiento no forma parte de la mesa diálogo y evitar así perder influencia.
Desde posiciones opuestas, ambas reflejan el peso que ha adquirido Estados Unidos en la política venezolana.
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