Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
La jueza se habría excedido y solicita a la Corte de Apelación que revoque la decisión y ordene el pago correcto por un teléfono valorado en RD$3,200.00.
El Ministerio Público se niega rotundamente a cubrir un astreinte superior a los RD$7.5 millones impuesto a favor de un imputado que reclama un celular marca Samsung cuyo valor apenas alcanza los RD$3,200. Este dispositivo se perdió durante la mudanza del antiguo inmueble donde funcionaba la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General.
Ayer, en la Corte de Apelación, donde se apeló la multa millonaria, el MP calificó la resolución de la jueza Patricia Padilla como una desproporción jurídica y solicitó al tribunal revocar completamente dicha decisión, argumentando que la sanción distorsiona el propósito de la ley y que la solución al conflicto debe basarse en la sensatez y en la responsabilidad patrimonial.
Este argumento fue rechazado categóricamente por la defensa, que exige mantener íntegramente la liquidación del astreinte, sosteniendo que la resolución de la jueza Padilla adquirió firmeza y carácter de cosa juzgada tras años de incumplimiento y vulneración del derecho de propiedad.
Ministerio Público afirma que no es desacato
Los representantes del Ministerio Público aseguraron que su negativa a pagar una suma superior a RD$7,560,000 "no responde a desacato ni a rebeldía institucional", sino a una fuerza mayor: el extravío del equipo móvil durante el traslado masivo de las oficinas y departamentos desde el viejo edificio hacia la nueva sede.
Los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos afirmaron que la jueza Padilla cometió un grave error en su valoración jurídica. Según ellos, el tribunal "desnaturalizó" completamente el carácter conminatorio del astreinte (que busca romper la inercia de una autoridad), transformándolo en una condena.
Indicaron que ante la pérdida material de un bien bajo custodia estatal que no pudo ser entregado junto con otros 15 objetos ya devueltos al imputado Francisco Álvarez Carbuccia, lo procedente legalmente era ordenar únicamente el pago por el valor comercial del equipo (RD$3,200) conforme a las normas de responsabilidad patrimonial, "y no sancionar al Estado con una cifra exorbitante".
Que asuma las consecuencias
Por su parte, Jhon Manuel Frías, abogado del imputado, solicitó a la Corte confirmar íntegramente la liquidación del astreinte, alegando que la resolución que estableció una penalidad diaria de RD$20,000 ya tiene carácter firme porque el Ministerio Público nunca presentó recurso oportuno contra ella.
Además, señaló que después de casi dos años con mora y requerimientos infructuosos, las entregas tardías y parciales hechas por la fiscalía no eximen al Estado de asumir las consecuencias por la inercia procesal y la violación del derecho de propiedad.
"Aceptar el planteamiento de los fiscales sería premiar la demora administrativa y desconocer el derecho fundamental a la propiedad consagrado en la Constitución", afirmó.
Jueces de Corte reservan fallo
Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, los magistrados Doris Josefina Pujols Ortíz (presidenta), Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael Báez García, integrantes de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, reservaron su decisión para el próximo 18 de noviembre.
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