Fuente: Sol Amaya/sol_amaya@cnnespanol.cnn.com
Video revela dron de un grupo criminal lanzando una bomba contra la Policía de Río de Janeiro
Propuestas como construir megacárceles, adoptar el “modelo Bukele” o catalogar a los grupos criminales como organizaciones terroristas son comunes en varios países de América Latina para responder a la demanda social frente a los elevados índices de violencia y delincuencia. Estas ideas toman mayor fuerza en época electoral. Brasil, que este domingo realizará elecciones presidenciales, no escapa a esta dinámica. Sin embargo, expertos consultados por CNN señalan que las particularidades del crimen organizado en el extenso territorio brasileño requieren una respuesta mucho más compleja.
Este domingo, más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en los comicios generales, donde se decidirá la presidencia y se renovará parte del Congreso y los gobiernos estatales.
“La seguridad es la principal preocupación de los votantes”, afirma a CNN Gabrien Funari, director del Observatorio de Economías Ilícitas en la Cuenca Amazónica de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), organización que estudia el crimen organizado. Explica que “entre 50 y 70 millones de personas en Brasil viven en zonas donde un grupo criminal ejerce la autoridad, establece normas y resuelve conflictos comunitarios”. Esto representa al menos el 25 % de la población del país.
Una encuesta de Quaest realizada en agosto registró que el 33 % de los brasileños considera la violencia el problema más grave del país.
Un panorama sobre el crimen organizado en Brasil
Para comprender la situación delictiva en Brasil, es necesario conocer a las principales organizaciones criminales activas.
Las dos más grandes y poderosas son el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambas surgieron dentro del sistema penitenciario, lo que complica su combate.
Según Prison Insider (datos 2024), Brasil tiene 850.377 personas privadas de libertad, ubicándose como el tercer país con mayor población carcelaria mundial, distribuida entre sistemas estatales y federal. La tasa de ocupación es del 131 %, generando hacinamiento que provoca violencia, abusos y otros delitos dentro de las prisiones, además de un gran dominio de las bandas criminales sobre estos espacios.
Un agente policial custodia a dos detenidos durante un operativo en Río de Janeiro en octubre de 2025.
El PCC nació en las cárceles paulistas en los años 90, ligado a la masacre ocurrida en 1992 en la prisión Carandiru, donde cerca de 100 presos fueron asesinados durante un motín. Luego del hecho, un grupo conformó el PCC para exigir justicia y mejores condiciones carcelarias. Con el tiempo se convirtió en una organización criminal consolidada, con base fuerte en San Pablo pero con expansión nacional e internacional. Mantiene alianzas con otras pandillas gracias a su estructura verticalista.
El Comando Vermelho se originó en los años 70 dentro de una prisión de Ilha Grande durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Allí convivían presos comunes con guerrilleros y disidentes políticos, lo que propició una alianza para protegerse frente a la violencia interna y brutalidad guardias, según Insight Crime, organización dedicada al estudio del crimen en América Latina y el Caribe.
Con el tiempo, este grupo conocido como “Falange Vermelha”, influenciado por ideales sociales, evolucionó hacia una estructura criminal organizada.
Los intentos oficiales por dividir a sus líderes trasladándolos a distintas cárceles solo favorecieron su expansión en todo el sistema penitenciario brasileño. Su presencia es fuerte principalmente en Río de Janeiro aunque ha extendido células por varias regiones del país.
Ambas organizaciones mantuvieron una alianza durante años que se rompió en 2016, provocando un aumento exponencial de violencia dentro y fuera de las cárceles brasileñas e incluso internacionalmente, como evidenció un sangriento motín ocurrido en Paraguay en 2021 con miembros de ambos grupos involucrados.
El CV también enfrenta competencia interna por parte del Tercer Comando Puro y Amigos de los Amigos, dos pandillas disidentes.
El narcotráfico y tráfico ilegal de armas son la base económica del PCC y CV, pero sus actividades se han diversificado hacia extorsión, secuestros, préstamos usureros y robos a camiones blindados.
Además están las milicias, formadas mayoritariamente por policías activos o retirados, que inicialmente surgieron para combatir el narcotráfico pero hoy gestionan sus propios negocios ilícitos mediante violencia y extorsión en distintas ciudades brasileñas.
Los principales retos que enfrenta Brasil ante el crimen organizado
A lo complejo del entramado criminal se suma la vasta extensión territorial brasileña, cuyas características dificultan aún más al Estado controlar la delincuencia.
Brasil limita con diez países además de contar con un territorio ultramarino (Guayana Francesa). Muchas fronteras son permeables al paso ilegal. También cuenta con puertos estratégicos que facilitan el tráfico especialmente de cocaína.
Su geografía rica en recursos naturales convierte partes del país –especialmente la cuenca amazónica– en terreno propicio para actividades ilegales como tráfico de fauna silvestre, madera y minería ilegal.
Funari destaca dos problemas centrales: “Primero, la nacionalización de los grandes grupos criminales que no solo trafican drogas internamente sino también exportan a Europa y otros mercados internacionales”.
Y agrega: “Estos tres grandes grupos (PCC, CV y Terceiro Comando Puro) ya no funcionan como asociaciones clásicas; operan como grandes empresas transnacionales diversificando sus negocios hacia minería ilegal, bienes raíces o criptomonedas”.
El segundo problema es la variedad extrema del ecosistema criminal brasilero. “Junto a las bandas tradicionales y milicias hay actores privados que ejecutan fraudes enormes”, señala Funari. “No se trata solo de pandillas dedicadas al narcotráfico”.
Bram Ebus, consultor para América Latina del Crisis Group –organización dedicada al análisis y prevención global de conflictos– coincide: “El crimen organizado superó su rol tradicional basado solo en uso coercitivo de armas; ahora penetra sectores públicos y maneja economías mayores que los presupuestos estatales contra él”. Además controla negocios lícitos usados muchas veces para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Sandra Pellegrini, especialista del Proyecto ACLED (Datos sobre Conflictos Armados), explica que esta expansión fragmenta aún más el escenario delictivo pues los grupos buscan formar nuevas alianzas locales alimentando disputas violentas.
Por ejemplo: para 2026 el Comando Vermelho ha continuado creciendo especialmente en estados del norte y noreste como Pará o Maranhão donde la violencia ya supera niveles enteros del año anterior.
“Con más actores y territorios contendidos resulta más difícil encontrar soluciones duraderas para reducir la violencia”, advierte Pellegrini.
Además menciona una amenaza creciente: el uso creciente de drones con explosivos. Aunque aún no está generalizado en Brasil sí lo está en Colombia o México; existe riesgo real que grupos brasileños adopten estas tácticas requiriendo adaptaciones importantes por parte de las fuerzas policiales.
Crimen organizado y campaña electoral
Un estudio ACLED estima que al menos el 34 % de los brasileños vive a menos de cinco kilómetros de algún incidente violento registrado. “Si bien esto no significa exposición directa para todos ellos, evidencia cómo la violencia forma parte cotidiana para buena parte poblacional”, apunta Pellegrini.
Por eso tanto Lula Inacio Da Silva –que busca un cuarto mandato– como Flavio Bolsonaro –quien pretende continuar el legado familiar– centran sus campañas prometiendo soluciones ante esta preocupación ciudadana.
Lula propone enfocar operaciones contra las cúpulas criminales: “Quitándoles los recursos financieros lograremos acabar con el crimen organizado”, sostiene. Expertos indican que su gobierno tomó medidas a ese respecto con algunos resultados positivos aunque sus efectos suelen verse a largo plazo sin impacto inmediato electoral.
En cambio Flavio Bolsonaro apuesta por mano dura similar a su padre cuando fue presidente; propone bajar la edad penal y endurecer castigos a delitos violentos.
Incluso apoyó algo rechazado por Lula: que EE.UU. declare a los principales grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas.
Esta designación fue oficializada en mayo; Bolsonaro agradeció entonces al expresidente Trump calificándola como respuesta a su solicitud previa.
Ebus comenta sobre esta medida: “Se trata principalmente de grupos vinculados al narcotráfico cuyas rutas apuntan más hacia África o Europa que hacia EE.UU.”. Añade: “También tiene un componente político pues muchos políticos brasileños ven esto como injerencia estadounidense”.
Destaca además: “En Brasil se castiga más severamente el control territorial violento ejercido por facciones criminales que actos propios del terrorismo; aunque pertenecer a una organización criminal sigue teniendo penas menores”.
Pellegrini cuestiona si la integración al Escudo de las Américas –propuesta por Flavio Bolsonaro– aportaría ventajas sustanciales para combatir redes transnacionales; resalta también casos recientes exitosos fuera del marco estadounidense como cooperación entre Lula y Perú.
Para Ebus lo crucial es cortar flujos financieros, bienes e infraestructura que sostienen estas organizaciones junto a atender condiciones sociales que empujan a sectores marginados hacia economías ilícitas por supervivencia.
Funari puntualiza que “el debate actual está muy ligado al tema estadounidense sobre designación terrorista” pero aclara: “Brasil ya cuenta con un marco legal robusto para enfrentar delincuencia; incluso ha sido reforzado recientemente”.
“El problema no son leyes sino la estructura federativa: hay 27 estados con autonomía limitada desde el gobierno federal para aplicar normativas generales”, explica. Para él es cuestión principalmente operativa ya que coordinar acciones conjuntas entre instituciones locales resulta complejo prácticamente.
Pellegrini coincide destacando dificultades para coordinación entre actores federales, estatales y municipales cuando grupos operan simultáneamente bajo distintas jurisdicciones; añade además su expansión trasciende fronteras nacionales.
No obstante Funari reconoce que discursos duros siguen siendo populares electorales porque ofrecen respuestas inmediatas ante problemas urgentes cotidianos. Sin embargo insiste: “El reto real es hallar soluciones integrales y sostenibles”.
Ese desafío quedará ahora al mando quien resulte electo presidente tras estos comicios brasileños.
Gonzalo Zegarra y Alexandra Freitas colaboraron con este informe.
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