Fuente: Mauricio Torres/mauricio_torres@cnnespanol.cnn.com
Maduro y Flores habrían intentado silenciar a la oposición venezolana y torturado a ciudadanos estadounidenses, según la fiscalía de Nueva York
El Gobierno de Estados Unidos presentó este jueves cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusándolos de liderar una conspiración para torturar tanto a estadounidenses como a venezolanos.
La denuncia fue entregada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y divulgada por el Departamento de Justicia, que responsabilizó a la pareja de dirigir “un sistema represivo basado en la violencia contra opositores políticos, detenciones arbitrarias y torturas a detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses”, según un comunicado oficial.
Estos nuevos cargos por conspiración para cometer tortura se suman a los presentados en enero contra Maduro y Flores tras un operativo militar en Caracas. En esa ocasión, se les imputó conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas, cargos que ambos negaron.
Barry J. Pollack, abogado de Maduro, declaró a CNN que su cliente “rechaza las acusaciones contenidas en esta nueva presentación y espera con interés su día en corte”. En tanto, Mark E. Donnelly, representante legal de Flores, no ha emitido comentarios al respecto.
Estados Unidos denuncia “violencia y represión” encabezadas por Maduro
La acusación indica que incluso antes de que Maduro asumiera la presidencia en 2013, él y Flores aprovecharon sus cargos políticos para enriquecerse mediante actos corruptos y alianzas con narcotraficantes y grupos considerados terroristas por Estados Unidos, entre ellos la ya desaparecida guerrilla FARC, el Tren de Aragua y varios cárteles mexicanos.
Maduro ha rechazado reiteradamente estas acusaciones, argumentando que las denuncias sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico carecen de fundamento y buscan justificar intervenciones militares contra Venezuela.
El documento también sostiene que la pareja fortaleció una base de poder entre funcionarios y cuerpos de seguridad gracias al reparto de ganancias ilícitas, pero enfrentó una fuerte oposición popular. Según los fiscales, respondieron con represión.
“El Estado venezolano acosó, amenazó, arrestó, procesó, atacó, torturó o asesinó a miles de personas entre 1999 y 2025 para asegurar la permanencia en el poder de Maduro Moros y Flores de Maduro”, señala el texto.
Además detalla que “Maduro Moros y Flores de Maduro usaron unidades militares, colectivos y grupos narcoterroristas involucrados en el tráfico de drogas para detener y torturar a sus víctimas. Esta violencia aumentaba especialmente en periodos de inestabilidad política cuando su poder se veía amenazado”.
En ese contexto se describen casos de ciudadanos estadounidenses y venezolanos presuntamente detenidos ilegalmente y frecuentemente torturados por autoridades venezolanas. Aunque se mencionan fechas y circunstancias, no se revelan nombres de las víctimas.
Ciudadanos estadounidenses detenidos y supuestamente torturados
El Departamento de Justicia cita el caso de seis ejecutivos petroleros detenidos en noviembre de 2017 en Venezuela bajo cargos de corrupción; cinco eran ciudadanos estadounidenses.
Su arresto ocurrió mientras Caracas acusaba a Washington de buscar desestabilizar el país. Maduro afirmó entonces que los detenidos realizaron negocios irregulares beneficiando a allegados del gobierno estadounidense. Fueron liberados en un intercambio de prisioneros en 2022.
Otro caso es el de un estadounidense detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en enero de 2022 al ingresar a Venezuela. La acusación indica que fue llevado a una casa donde fue torturado durante dos o tres días.
CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa venezolano y a la DGCIM; hasta ahora no ha recibido respuesta.
Según la denuncia, este hombre fue falsamente acusado de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro Moros. Fue trasladado luego a la prisión Boleíta Norte en Caracas, donde continuaron las torturas mediante descargas eléctricas, golpes, asfixia y privación de agua y comida. Tras ocho meses y medio preso fue liberado y regresó a Estados Unidos en octubre de 2022.
También se menciona un ciudadano estadounidense detenido por la DGCIM en agosto de 2023 tras viajar para visitar a su familia. Fue golpeado, hospitalizado y enviado a Boleíta Norte donde sufrió más maltratos. Uno de sus captores le dijo que seguía vivo porque podría servir para un intercambio con Estados Unidos. No se especifica su situación actual.
El caso más reciente involucra a un estadounidense detenido en enero de 2025 poco después del inicio del último mandato presidencial de Maduro. Fue arrestado mientras la DGCIM buscaba a otra persona y recibió golpizas durante dos días seguidos según consta en el documento. En enero del siguiente año fue llevado al aeropuerto para ser liberado junto con otro estadounidense detenido bajo circunstancias diferentes; ambos recibieron órdenes estrictas de no revelar abusos sufridos bajo el gobierno venezolano.
Familiares y allegados a opositores también serían blanco
La acusación describe asimismo casos de ciudadanos venezolanos víctimas presuntas de torturas, especialmente durante protestas sociales o procesos electorales.
Uno corresponde a un militar arrestado en 2013 por vínculos con un exfuncionario opositor fallecido tras ser cercano al presidente Hugo Chávez. Según el documento, Maduro ordenó su secuestro para presionarlo a entregar información sobre dicho opositor; tras dos semanas siendo torturado fue obligado a grabar una confesión falsa antes de ser liberado cerca de Colombia.
Otro caso es el arresto en enero de 2018 de un hombre vinculado a un funcionario opositor acusado por robo armas militares. Fue detenido y torturado buscando obtener información sobre ese funcionario. Liberado sin aportar datos porque desconocía su paradero, fue reaprehendido cuando intentaba salir del país.
“Fue trasladado a una prisión militar donde permaneció aislado más de un mes”, relata la denuncia. Quedó libre bajo fianza en marzo pero huyó del país temiendo nuevos arrestos.
Desde que asumió la presidencia tras la muerte Hugo Chávez en 2013, Maduro y sus colaboradores han negado consistentemente violaciones graves como torturas dentro del país. Sin embargo, informes tanto de la Misión Independiente Determinación Hechos ONU como diversas ONG han documentado lo contrario.
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