Fuente: Hoy Digital
Las niñas dominicanas completan la educación secundaria en una proporción mayor que los niños, pero este logro no las exime de enfrentar la violencia, el embarazo adolescente ni las normas sociales que restringen su desarrollo. Esta es una de las conclusiones del Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana según sexo y normas sociales, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en estas fechas.
Los progresos educativos de las niñas dominicanas deben ir acompañados de una protección real contra la violencia, las uniones tempranas y el embarazo adolescente. Garantizar sus derechos implica crear ambientes seguros, eliminar las barreras sociales y asegurar que cada niña tenga la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial y construir su presente y futuro.
Más avances educativos, pero sin mayor protección
El 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, comparado con un 51 % de los varones. Sin embargo, el embarazo adolescente continúa siendo un obstáculo significativo: en el país se registran 53 nacimientos por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años. Además, una de cada cuatro adolescentes en ese mismo rango etario ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación debido a la falta de apoyo y condiciones adecuadas para manejarla.
La violencia sigue marcando sus vidas
Más del 75 % de las adolescentes reporta haber sufrido algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, y casi la mitad menciona abusos en el ámbito escolar. Las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años presentan la prevalencia más alta de agresión sexual dentro de toda la población infantil y adolescente.
Avances que deben mantenerse
El informe resalta logros significativos, como la prohibición del matrimonio para menores de 18 años, vigente desde la reforma del Código Civil en 2021, así como la política nacional para prevenir las uniones tempranas y el embarazo adolescente con miras al año 2030. No obstante, aún existen normas sociales y desigualdades que limitan el impacto de estas medidas, especialmente para niñas rurales, migrantes y con discapacidad. En este escenario, es esencial continuar reforzando las políticas públicas, mejorar la coordinación interinstitucional y llevar adelante acciones de prevención y apoyo para asegurar que los avances legales se traduzcan en mayores oportunidades y protección efectiva para todas las niñas y adolescentes.
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