Fuente: Listin diario
Llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, o bien sus padres fueron detenidos por agentes migratorios, y actualmente se encuentran en albergues o bajo la custodia del gobierno.
Un bebé de un año se mueve inquieto en una corte de inmigración en Luisiana. Lanza un juguete que casi golpea al fiscal. El juez ha solicitado a su madre, de 17 años, que presente una solicitud de asilo para ella y su hijo. Ambos son menores de edad y, sin la presencia de un abogado, están en riesgo de ser deportados.
En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó eliminar los fondos con los cuales la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace años brinda servicios legales a menores migrantes no acompañados.
Estos niños llegaron a Estados Unidos sin un adulto o porque sus padres fueron detenidos por agentes migratorios, y permanecen en albergues o bajo custodia gubernamental.
Tras una demanda presentada por varias de las organizaciones afectadas, una jueza federal bloqueó la medida y ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley vigente desde 2008.
– "Ataque coordinado" –
Meses después, el gobierno dejó de realizar los pagos y en julio de 2026 permitió que venciera el contrato con Acacia Center for Justice, entidad que administraba una red conformada por alrededor de cien organizaciones.
La subdirectora del Proyecto Florence, que asiste a migrantes en procesos de deportación, Roxana Avila-Cimpeanu, explicó a AFP los obstáculos que enfrentaron con la administración Trump.
A finales de 2025, el gobierno condicionó los pagos a la entrega de información confidencial sobre los representados por la red, aproximadamente 20,000 niños. “Y no lo hicimos”, enfatizó.
Posteriormente, la administración Trump anunció planes para transferir los casos al despacho Burke Law Group, cuya fundadora fue funcionaria durante el primer mandato del expresidente republicano. Sin embargo, la firma retiró su candidatura.
También recurrieron a Our Rescue, organización fundada por Tim Ballard, exagente del Departamento de Seguridad Nacional cuyo trabajo fue dramatizado en la película “Sound of Freedom”. Ballard también fue asesor del Ejecutivo de Trump en temas relacionados con el tráfico sexual infantil. Actualmente, el director ejecutivo de esta entidad es Derek Benner, exfuncionario en materia migratoria.
El contrato quedó suspendido tras recibir cuestionamientos en el Congreso.
“La protección legal de los niños nunca debería ser objeto de favoritismos políticos”, expresaron legisladores demócratas en una carta enviada esta semana al Departamento de Salud, responsable de la ORR. Manifestaron su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se confíe esta labor a firmas “claramente no calificadas para esta tarea” y que atienden a una población vulnerable.
Para Avila-Cimpeanu, la intención es dificultar la defensa de los menores dentro del marco del plan gubernamental para llevar a cabo deportaciones masivas.
“He trabajado en esto durante diez años y este es el peor momento que he visto respecto al ataque coordinado del gobierno contra los niños y cómo usan diferentes áreas para lograr su objetivo de deportar al mayor número posible lo más rápido”, señaló.
– Niños en la corte –
Avila-Cimpeanu fue quien detectó en agosto al bebé de un año acompañado por su madre en un tribunal sin contar con representación legal. “El bebé corría por todas partes tirando juguetes y llorando; mientras tanto, la madre tenía que concentrarse tanto en eso como en la audiencia”, relató.
Comentó que es común que un menor no acompañado comparezca ante una corte de inmigración. Por ello es fundamental contar con un abogado que conozca el tema e incluso hable su idioma.
Recordó que en 2018 tuvieron ante una corte a un bebé apenas meses después de nacido. “Tuvimos que argumentar que el bebé negaba las acusaciones y deseaba partir voluntariamente. Es muy absurdo, pero forma parte del procedimiento”, contó.
Esta semana CNN informó que 25 niños migrantes, varios sin abogado, tuvieron audiencias en una corte en Texas.
– Apoyo temporal –
En una declaración proporcionada a AFP, la ORR señaló que en agosto entregó fondos para lo restante del año al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que “está presente en el 100% de las audiencias y ha ampliado sus servicios para ofrecer orientación legal, consultas jurídicas y representación directa” a los menores.
Bilal Askaryar, director de comunicaciones de Acacia, explicó que USCRI es una organización pequeña con alrededor de cincuenta abogados, frente a los ochocientos que integraban su red.
“Esto no se trata de un contrato para nosotros. No es una disputa entre una organización y el gobierno. Se trata de 20,000 niños que llegaron a Estados Unidos buscando seguridad”, añadió Askaryar.
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