Fuente: Diario Popular
La determinación de los rectores se produjo tras la sentencia del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno avanzar con la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
En un comunicado, los rectores indicaron que la reunión en Plaza de Mayo tiene como finalidad "reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario", aprobada e insistida por el Congreso y respaldada por una resolución judicial que ordenó su aplicación.
El fallo que volvió a colocar el financiamiento universitario en el centro del debate
El juez Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, anuló la cláusula del decreto que condicionaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.
Asimismo, dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para asegurar el "cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario".
La resolución responde a una causa iniciada tras un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con otras casas de estudio, para exigir la aplicación de los puntos principales de la norma.
La ley contempla, entre otros aspectos, partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y mecanismos para recomponer los salarios de docentes y personal no docente.
El magistrado consideró que el decreto del Gobierno no superaba un mínimo test de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una ley ratificada por el Congreso con las mayorías requeridas.
No obstante, el Gobierno ya anunció que apelará el fallo judicial. Fuentes oficiales confirmaron que esa será la estrategia del Ejecutivo ante esta resolución de primera instancia.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que la implementación de la ley afecta las cuentas públicas y plantean que las nuevas obligaciones presupuestarias deben considerar las fuentes correspondientes de financiamiento.
Según un cálculo elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) citado en el debate, el costo de la norma representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Salarios y becas, otros puntos clave del reclamo universitario
El conflicto también abarca las obligaciones relacionadas con los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.
El juez Cormick había requerido al Gobierno cumplir con esas disposiciones y, el 30 de septiembre, le otorgó nuevamente un plazo de cinco días para avanzar en dichas obligaciones, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
El Ejecutivo presentó documentación sobre paritarias y órdenes de pago y afirmó que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8%, superando la inflación tomada como referencia.
Sin embargo, el magistrado consideró que el cumplimiento demostrado era parcial y cuestionó el cálculo presentado por el Gobierno, señalando que no estaba acreditada la actualización salarial conforme a las variables establecidas por la ley.
En cuanto a las becas, además, Cormick rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.
La medida cautelar sobre salarios y becas fue dictada en diciembre de 2025 y posteriormente ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado.
Ahora, con este nuevo fallo sobre la aplicación general de la Ley de Financiamiento Universitario y la decisión gubernamental de apelar, los rectores volverán a manifestar su reclamo frente a la Casa Rosada.
Agregar Comentario