Fuente: Listin diario
El Ministerio de la Presidencia informó que suspendió a 11 empresas por sospechas de trabajo forzoso y formalizó a más de 7,400 trabajadores inmigrantes.
La República Dominicana ascendió al nivel 2 en el último informe sobre la trata de personas publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Según el Ministerio de la Presidencia, entre las medidas preventivas adoptadas, el Estado identificó a 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención financiada con recursos nacionales. Además, se realizaron 1,050 inspecciones laborales en sectores vulnerables como agricultura, construcción e ingenios azucareros.
El reporte destacó la suspensión de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso y la regularización de más de 7,400 trabajadores inmigrantes.
En cuanto al ámbito judicial y la persecución penal, las autoridades registraron un notable incremento al iniciar 229 investigaciones relacionadas con la trata de personas y llevar a proceso a 50 sospechosos bajo la ley especial correspondiente.
Asimismo, se modificó la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03) para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucren a menores, adaptando la normativa nacional a los estándares internacionales, especialmente en casos de explotación sexual.
Dentro del marco legal y normativo, también fue aprobado y financiado con presupuesto nacional el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. Se estableció mediante la Resolución N.º 13-2024 un procedimiento para otorgar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 se consultó a organizaciones de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata. Además, se mantiene vigente y en aplicación continua el artículo 25 del Código de Protección a la Infancia de 2003, que sanciona con penas de 20 a 30 años de prisión la entrega o explotación de menores de 18 años.
El informe también subraya el compromiso firme con la depuración institucional, evidenciado en la investigación contra ocho funcionarios presuntamente implicados y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad.
En materia de prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo aumentó significativamente las supervisiones en sectores vulnerables como agricultura, construcción e industria azucarera, alcanzando un total de 1,050 inspecciones.
Gracias al trabajo conjunto entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, se mantuvo operativa una red de refugios especializados y se garantizó protección constante a víctimas y testigos durante los procesos judiciales. Este esfuerzo contó además con campañas preventivas multilingües y capacitaciones continuas para el personal encargado del orden público.
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