Fuente: Listin diario
La institución reveló múltiples y variadas irregularidades en su única auditoría realizada
Con el objetivo declarado de "apoyar a los transportistas frente al aumento del combustible tras la pandemia", el gobierno estableció desde 2021 y hasta al menos finales de 2025 un subsidio millonario para los combustibles destinados a este sector. No obstante, durante gran parte de ese tiempo no se llevó a cabo una auditoría efectiva que evaluara el funcionamiento real de este "mecanismo de beneficios".
El programa de subsidio al gasoil para el transporte público operó durante más de tres años sin ser auditado, según documentos obtenidos por este medio mediante una solicitud al Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La primera orden para realizar dicha auditoría data de 2024, aunque su ejecución fue en 2025, bajo la dirección de Milton Morrison en la entidad.
El informe final señala que se examinó una muestra superior a 1.5 millones de galones de combustible, cuyo análisis concluyó con "hallazgos no transparentados ni justificados en la muestra auditada". A pesar de que el Intrant afirma que solamente se revisó esta muestra, también sostiene en el reporte que "la auditoría cubrió el 100% de los beneficiarios".
De acuerdo con la institución, la Dirección de Inspectoría General visitó 417 asociaciones y sindicatos del transporte, además de las cinco distribuidoras que suministraban el 99% del combustible a las federaciones, abarcando el período entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024.
Principales hallazgos
La auditoría identificó diversas irregularidades. Se detectaron 79 asociaciones que recibían combustible sin estar registradas como beneficiarias en la lista oficial de despachos. Estas entidades recibían aproximadamente 738 mil galones mensuales (equivalentes a más de RD$35 millones), pero no aparecían ni en la relación ni eran mencionadas.
Además, unas 45 asociaciones incluidas en el acuerdo recibieron cantidades distintas a las asignadas. Según el informe, lo entregado a estas organizaciones no coincidía con las cantidades reflejadas en el "conduce firmado".
En términos numéricos, se habla de cerca de 219 mil galones o un poco más de RD$10 millones. El reporte también indica que casi una cuarta parte de las inspecciones realizadas a sindicatos y asociaciones mostró discrepancias entre el combustible recibido y lo registrado en los documentos firmados.
Entre las asociaciones inspeccionadas, alrededor de 23 afirmaron no haber recibido combustible y otras 45 compartían tanques, situación que, según el informe, dificulta controlar las cantidades asignadas. Asimismo, se calcula que unos 708 mil galones (aproximadamente RD$34 millones) asignados no fueron consumidos.
Notificación y respuesta
El 29 de abril de 2025, Milton Morrison, entonces director del Intrant, envió cartas a 12 federaciones de transporte y a las cinco distribuidoras con los hallazgos específicos para cada uno, otorgándoles un plazo de 72 horas para responder por escrito. En dichas misivas no se utiliza la palabra "irregularidades", sino "oportunidades de mejora en los mecanismos de control y supervisión", aunque sí se mencionan "discrepancias" y "verificación" en algunas actividades.
Entre quienes recibieron estas comunicaciones figuran senadores oficialistas y presidentes de federaciones como Antonio Marte (Conatra), Ricardo de los Santos (Fenatrado) y Juan Hubieres (Fenatrano).
Un documento adicional, denominado "informe de cierre" con fecha del 6 de mayo de 2025, reporta un total de 189 hallazgos con seguimiento: 51 corregidos completamente; 74 parcialmente; y 64 sin corregir.
Este informe también destaca que para esa fecha dos distribuidoras y tres federaciones —incluyendo Conatra, que recibe el mayor subsidio mensual— no habían enviado sus respuestas sobre los hallazgos.
Pese a estas irregularidades, la falta de respuestas y los resultados negativos del informe auditoría, un día después (7 de mayo), el MICM y el Intrant firmaron una nueva adenda que añadió más de RD$1,500 millones en subsidios por seis meses para extender el acuerdo hasta finales diciembre.
Finalización del convenio
Cinco meses después, el 8 de octubre de 2025, el MICM —aún bajo la dirección Víctor 'Ito' Bisonó— notificó al Intrant mediante el oficio número 1253 su decisión de rescindir el acuerdo vigente desde 2021 para canalizar subsidios al combustible destinados a las federaciones del transporte público.
No obstante, un nuevo documento fechado el 4 de diciembre revela un giro inesperado. La adenda número ocho indica que pese a la supuesta terminación del convenio, "se autorizaron despachos adicionales superiores a los montos pactados", generando facturas extras más allá del monto acordado entre las partes.
El texto no especifica claramente quién autorizó estos despachos adicionales. Aunque menciona al Intrant justo antes, no lo nombra directamente como responsable.
Esta última adenda incorporó poco más de RD$171 millones "exclusivamente para cubrir facturas pendientes generadas por encima del monto originalmente pactado", aclarando además que esto no implica "una reactivación adicional del programa". Sin embargo, deja abierta la interpretación sobre un posible manejo inadecuado de fondos que derivó en obligaciones financieras pendientes.
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