Fuente: Hannah Rabinowitz/hannah_rabinowitz@cnnespanol.cnn.com
Un jurado investigador en Virginia ha presentado cargos contra la senadora estatal demócrata L. Louise Lucas y varias personas más, incluyendo miembros de su familia, por supuestamente participar en una conspiración de crimen organizado relacionada con la venta de marihuana y el lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación, Lucas, quien es presidenta pro tempore del Senado de Virginia y ha promovido la legalización de esta droga, estaría al frente de varios negocios que compraban y vendían marihuana de manera ilegal en el estado para acumular riqueza familiar.
En un comunicado sobre los cargos, el director del FBI, Kash Patel, señaló que Lucas, mediante "un grupo muy unido de familiares y socios", habría establecido una "empresa criminal dedicada a la marihuana" y habría utilizado su "cargo como senadora estatal y presidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger a la empresa del escrutinio penal e influir en la legislación con fines económicos".
Entre los cargos que se le imputan están conspiración para cometer extorsión, conspiración para poseer y distribuir marihuana, además de conspiración para lavar dinero. Según un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU., Lucas se entregó voluntariamente.
Lucas ha sido una defensora constante de la legalización de la marihuana en Virginia, incluso impulsando iniciativas legislativas. Sin embargo, la acusación formal sostiene que ella y sus colaboradores mantuvieron durante años la venta ilegal de grandes cantidades de marihuana a través de sus distintos negocios y establecimientos.
CNN ha intentado comunicarse con Lucas para obtener su versión sobre los hechos.
A comienzos de este año, agentes del FBI llevaron a cabo registros en dos tiendas de marihuana vinculadas a Lucas como parte de una investigación iniciada bajo el gobierno del presidente Joe Biden. Según el documento acusatorio, en dichas tiendas se incautaron marihuana y armas de fuego.
Lucas, electa al Senado estatal en 1991, también enfrenta acusaciones por pagar 750.000 dólares para adquirir el 100% de una sociedad ficticia creada presuntamente para que un asociado obtuviera una licencia estatal para vender marihuana. Según los fiscales, Lucas recibió posteriormente lo que el Departamento de Justicia calificó como un "pago de soborno" por parte del referido cómplice a cambio de sus gestiones.
El Departamento de Justicia también indicó que Lucas "no declaró su participación en esta entidad en los formularios obligatorios de Declaración de Intereses Económicos" correspondientes a su rol como legisladora.
"Presuntamente, Lucas sostuvo reuniones con el cómplice en su oficina dentro del complejo del Capitolio para recibir un reembolso parcial y conversó con otros funcionarios, incluidos legisladores, sobre la idoneidad del cómplice para obtener una licencia recreativa para marihuana, condicionando ello a recibir un pago ilícito", detalló el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.
Esta información está en desarrollo y será actualizada conforme avance la investigación.
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