Fuente: Listin diario
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso una condena de tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, quien formaba parte de una presunta red dedicada a la sustracción y venta de pertrechos y municiones pertenecientes a la Policía Nacional.
Cabe recordar que esta organización criminal fue sometida a la justicia tras el inicio de la Operación Pandora en noviembre del año 2024.
La sentencia contempla la suspensión de la mitad de la pena bajo ciertas condiciones, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y, durante el tiempo restante en suspensión, acatar determinados requisitos.
Los fiscales Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes actuaron en nombre del Ministerio Público, expusieron ante el tribunal las condiciones estipuladas en el acuerdo. Entre ellas se incluye residir en un domicilio fijo y, en caso de cambiarlo, notificar tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena.
Además, Bello Segura tiene prohibido viajar al extranjero sin autorización judicial, portar armas de fuego o abusar del consumo de bebidas alcohólicas. Deberá también presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad designada para tal fin.
La jueza Kenya Romero dictó la sentencia luego de ratificar un acuerdo en el que la procesada reconoce los cargos formulados por el Ministerio Público, se declara culpable y manifiesta su disposición a colaborar con las investigaciones.
Asimismo, la resolución ordena el decomiso de los accesorios incautados durante el proceso.
La lectura completa del fallo quedó programada para el 5 de noviembre del año 2026 a las 3:00 p.m.
En este mismo caso, en septiembre pasado, Marino Antonio Rodríguez Toribio fue sentenciado a cinco años de prisión bajo arresto domiciliario y se procedió al cierre definitivo de la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L., que él representaba. Además, se le impuso una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de sus bienes incautados.
De igual manera, el tribunal emitió un auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exjefe de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como contra el capitán Nelson Valdez y otros implicados.
Junto al coronel Féliz Romero y al capitán Valdez, quien estaba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo policial, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
Para los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora. También se les impuso impedimento para salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
En contraste, para Víctor Manuel Santos Rodríguez continúan vigentes las medidas coercitivas previas: garantía económica, prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Finalmente, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes relacionados con Marino Antonio Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L.
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