Fuente: Listin diario
Ángel Alfredo Nicacio Tejeda, de 35 años, desapareció el 12 de septiembre pasado. A pesar de que se reportó a las autoridades pertinentes, no ha sido posible localizarlo en calles, hospitales, estaciones policiales, cárceles, aeropuertos ni en otros puntos del territorio nacional.
Situaciones similares han sido documentadas en el informe "Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana", presentado este año por el Defensor del Pueblo. Este estudio se fundamentó en entrevistas realizadas a 74 representantes de familias con personas desaparecidas desde 2020 y años anteriores hasta 2025.
Aunque la desaparición de Nicacio Tejeda no se incluyó en dicho informe, su caso presenta características equivalentes a los hallazgos allí expuestos.
Los datos recabados en la encuesta aplicada a familiares revelan que 3 de cada 10 víctimas de desapariciones no voluntarias son adultos jóvenes menores de 30 años. El grupo etario con mayor número de desaparecidos corresponde a personas entre 20 y 29 años, representando un 28.1%. En tanto, quienes tienen entre 30 y 39 años constituyen un 18.8%.
Dentro de los colectivos vulnerables se encuentran los adultos mayores: uno de cada cinco desaparecidos tiene 60 años o más, también representando un 18.8%, muchos de ellos padeciendo demencia o alzhéimer.
El informe señala que solo una familia por cada diez con personas desaparecidas conoce el paradero de su ser querido.
"La mayoría de los familiares declaró no disponer de información actualizada sobre el caso de su ser querido. Este dato es revelador en dos sentidos: por un lado, evidencia fallas en la comunicación y seguimiento por parte de las autoridades, lo que deja a las familias en un limbo informativo y agrava su incertidumbre", indica el documento.
La investigación sostiene que el 54.5% de los familiares, durante todos los años analizados, "no recibió información" o permanece en un limbo informativo respecto a las acciones oficiales.
Además, el 53% de los encuestados calificó el proceso para presentar la denuncia como difícil o muy difícil, mencionando obstáculos, requisitos excesivos y, en un 19% de los casos, la negativa directa de las autoridades para aceptar la denuncia.
* De igual manera, un 31% de los familiares aseguró que las autoridades nunca actuaron tras la presentación de la denuncia.
Los datos indican que el 5.5% del total de desaparecidos fueron encontrados sin vida; el 10.9% de los casos fue archivado y el 23.6% permanece abierto.
Respecto al género, el 71.6% de las víctimas son hombres frente al 28.4% mujeres. El informe destaca que, aunque estas familias cuentan con un ingreso per cápita promedio mensual de 12,806 pesos, el 62.1% afirmó no haber recibido información ni haber sido notificado sobre operativos o acciones concretas del Estado, viéndose obligados a privatizar la búsqueda y asumir gastos y labores investigativas por cuenta propia.
Tras la pérdida ambigua y el duelo crónico causado por la desaparición de un familiar, el 87% manifestó experimentar alteraciones emocionales. Asimismo, un 66% reportó dificultades para dormir; el 58.5% expresó sensación de intranquilidad y miedo; mientras que el 45.3% indicó falta de ánimo para realizar actividades cotidianas.
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