Fuente: John Fritze/john_fritze@cnnespanol.cnn.com
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El presidente Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su prolongada disputa legal con la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y exfuncionarios del Departamento de Justicia relacionados con las elecciones de 2016, apelando un fallo de un tribunal inferior que calificó su caso como "frívolo".
En 2022, Trump presentó una demanda contra Clinton, el Comité Nacional Demócrata y decenas de personas y entidades más, a quienes acusa de conspirar para socavar su campaña electoral en 2016 al vincularlo falsamente con Rusia.
Un tribunal federal de distrito desestimó la demanda y determinó que los abogados de Trump debían pagar casi un millón de dólares en sanciones. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta confirmó en gran parte dicha resolución el año pasado.
"Este caso nunca debió haberse planteado. La falta de fundamentos legales fue evidente desde el inicio", señaló el juez federal Donald Middlebrooks, del Distrito Sur de Florida y nombrado por el expresidente Bill Clinton. "Ningún abogado razonable lo habría presentado".
La demanda de Trump fue desestimada parcialmente porque, según el tribunal de distrito, sus reclamaciones civiles sobre crimen organizado fueron presentadas fuera del plazo legal.
En su apelación ante la Corte Suprema, Trump sostiene que decidió esperar hasta finalizar su mandato para presentar la demanda. La apelación plantea si las obligaciones presidenciales justifican posponer ciertos plazos legales mientras se está en el cargo.
"Ante esta conspiración ocurrida durante su mandato, el presidente Trump consideró que cualquier demanda civil privada consumiría demasiado tiempo y energía, por lo que decidió postergar cualquier acción legal hasta después de dejar el cargo", indicaron los abogados del presidente en su presentación ante la Corte Suprema, según una copia revisada por CNN.
Los representantes legales de Trump sostienen que el tribunal de distrito "rechazó incorrectamente la teoría del presidente", "trató erróneamente su defensa como prueba de una 'mala fe' inexistente y se basó en ello para imponer sanciones incorrectamente".
Se espera que la Corte Suprema defina a finales de este año si acepta o no tramitar el caso.
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