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Abinader reconoce que no puede asegurar la ausencia total de corrupción

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El presidente Luis Abinader reconoció que no puede asegurar la erradicación total de la corrupción en su administración, aunque garantizó que "no habrá impunidad cuando se detecte un caso".

Fuente: Listin diario

El presidente Luis Abinader reconoció que no puede asegurar la erradicación total de la corrupción en su administración, aunque garantizó que "no habrá impunidad cuando se detecte un caso".

"Negar que en la República Dominicana, en el gobierno dominicano, no exista corrupción no es correcto, es imposible, porque no hay ningún gobierno en el mundo donde no haya algún nivel de corrupción", afirmó el mandatario durante su participación en LA Semanal con la Prensa, cuyo tema central fue la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Abinader reiteró una frase que ha utilizado previamente: tiene amigos, pero no socios, y aseguró que "caiga quien caiga" se actuará frente a casos de corrupción. Además, instó a los proveedores del Estado a denunciar a cualquier funcionario que les solicite una comisión para acelerar sus pagos: "no hay necesidad de pagarle a nadie en el gobierno y si alguien lo pide, que lo denuncie; lo cancelaremos y lo llevaremos ante la justicia", expresó.

El presidente admitió que muchas personas no formalizan las denuncias y contó que cuando alguien le comenta que le solicitaron dinero, él les pide que hagan la denuncia: "tengo que decirte que una parte significativa no lo hace, quizás por miedo, pero otra parte sí y esa es la que nos ayuda", agregó.

Financiamiento de campaña

Con las elecciones cada vez más próximas y sin Abinader en la boleta electoral, la periodista Edith Feble preguntó qué medidas tomará el gobierno para evitar que funcionarios públicos utilicen recursos estatales en las campañas.

"Es tan sencillo como cumplir la ley. Nuestra tarea es hacer cumplir la ley y garantizar que se respete", respondió el presidente.

Sobre su salida del poder señaló: "puedes estar seguro de que en este año y medio que nos queda, nuestra mayor preocupación es el legado que dejaremos, y nos enfocaremos especialmente en asegurar el cumplimiento de la ley para evitar el uso de recursos públicos en campañas electorales".

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El compromiso, indicó, no se limita a la candidatura presidencial. "A ningún nivel. No solo hablamos de lo presidencial, sino también de otros niveles; haremos todo lo posible para limitar ese tipo de acciones", aclaró.

Como antecedente, José Rijo Presbot, director de Presupuesto, expresó que 2024 —año en el cual Abinader buscaba la reelección— fue "el único periodo electoral donde hubo superávit durante la campaña".

Feble insistió mencionando que cuando surge un caso de corrupción "casi siempre aparece alguien alegando que el dinero era para financiar campañas". Abinader calificó eso como un "cliché" y advirtió que quien entrega o busca ese dinero "es cómplice".

"Aquí todos los partidos cuentan con sus equipos financieros y deben presentar informes legales a la Junta Central Electoral. Cualquier acción fuera de eso es ilegal", añadió.

Sentencias y duración de procesos

El periodista Christian Jiménez señaló que la percepción ciudadana no mejora ya que "muchos casos permanecen abiertos durante años sin sentencia", citando alrededor de 60 auditorías de la Cámara de Cuentas enviadas a la Procuraduría.

El presidente admitió el retraso pero aclaró que "ya existen sentencias definitivas en casos de corrupción. Tal vez no involucren a todas las personas ni ocurran con rapidez, pero ya hay fallos. También hay que respetar el debido proceso".

Jiménez también cuestionó que los hallazgos en 28 informes publicados por la Contraloría en octubre fueran catalogados como "inobservancias subsanables", mencionando casos como nóminas con personas desaparecidas, vehículos sin localizar y 47 millones de pesos en viáticos sin validar.

Abinader destacó que es el primer gobierno que publica dichas auditorías sin estar obligado a hacerlo y cuestionó cómo se interpretan algunas cifras. "La mitad o hasta un 80 % de las irregularidades son por falta de ejecución del presupuesto. Eso es una irregularidad real. Hay que saber interpretarlo", señaló.

Respecto a los vehículos explicó que podrían tratarse de autobuses entregados a asociaciones estudiantiles sin haber sido traspasados aún, aunque admitió: "son irregularidades porque debieron haber sido traspasados".

Senasa y nuevas normativas

Al referirse a los controles internos, Abinader reconoció que el Seguro Nacional de Salud (Senasa), foco de un gran expediente por presunta corrupción abierto por el Ministerio Público durante su gestión, operó inicialmente sin unidad interna de auditoría ni consejo directivo: "ahí realmente hubo una falla estructural desde su creación", afirmó.

Actualmente Senasa cuenta con un consejo designado mediante decreto encargado de aprobar contratos. Sin embargo, el presidente consideró necesario modificar la ley del Senasa e informó está evaluando fortalecer los controles en "quizás dos instituciones más", sin especificar cuáles.

Además informó sobre un proyecto en el Congreso para convertir en ley la Unidad Antifraude de la Contraloría, constituida por decreto en 2021. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó otras iniciativas legislativas en trámite: sistema de integridad y transparencia, ley sobre conflictos de interés en el sector público, protección al testigo, informante y víctima, reforma a la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información y ley para protección de datos personales.

Respecto a la Unidad Antifraude, su director indicó no tener un número exacto de casos remitidos al Ministerio Público pero habló de "decenas" y aseguró que la mayoría de las investigaciones penales actuales cuentan con aportes provenientes de sus informes. Abinader estimó que mensualmente se envían dos o tres casos menores a justicia.

Por su parte, Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, afirmó haber remitido más de 15 casos al Procurador General; recordó que antes no se había enviado ninguno. Añadió algunos han derivado en imputaciones mientras otros continúan bajo investigación pero dijo desconocer el estatus completo pues “la Procuraduría es autónoma”.

En otro orden informó que el Estado paga a sus proveedores en un promedio de 22 días desde la recepción de facturas, mejorando significativamente respecto al pasado cuando superaba los 100 días.

Finalmente indicó que estos avances junto con mejoras en índices de transparencia y controles anticorrupción serán presentados durante la Conferencia Internacional Anticorrupción organizada por Transparencia Internacional, prevista para celebrarse en Punta Cana del 1 al 4 diciembre.

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