Fuente: Lency Alcántara/lency_alcantara@hoy.com.do
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), expresó su confianza en que el Senado apruebe la modificación al Código Penal que propone extender el plazo para la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pujols explicó que esta iniciativa busca ampliar el tiempo de adecuación para que las empresas puedan cumplir con las disposiciones relacionadas a este régimen. Señaló que, mientras la propuesta inicial establecía un plazo de 24 meses, la Cámara de Diputados lo redujo a 18 meses.
Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite legislativo y debe ser analizado por el Senado, donde recibirá una valoración final antes de continuar su proceso hacia el Poder Ejecutivo.
El dirigente del sector industrial destacó que la implementación de la responsabilidad penal para las personas jurídicas implica que las empresas deben desarrollar procesos internos de revisión, planificación y análisis para ajustarse a las nuevas exigencias.
“Si se realiza un análisis detallado sobre lo que incluye el Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, existe una serie de criterios, condiciones, planificaciones y análisis internos que deben llevarse a cabo”, comentó.
Además, indicó que luego de reuniones con la Procuraduría General de la República y diversos tomadores de decisiones, el sector industrial concluyó que muchas empresas enfrentarían dificultades para adaptarse dentro del plazo inicialmente establecido, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
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Pujols aclaró que la solicitud de extensión no obedece a una falta de voluntad para cumplir con la ley, sino a la necesidad de contar con un tiempo adecuado para implementar los cambios requeridos.
“No es que no se quiera cumplir, sino que el tiempo no era suficiente”, afirmó, reiterando su apoyo a la modificación para que sea aprobada por el Senado y enviada al Poder Ejecutivo.
El líder empresarial consideró que ampliar el plazo permitiría al sector privado prepararse con mayor tranquilidad para asumir las responsabilidades y tareas contempladas en el nuevo marco legal.
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