Fuente: Listin diario
Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez logró la modificación de la medida de coerción tras admitir los hechos que se le imputan, según informó Wilson Camacho.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la prisión preventiva para siete de los ocho acusados que apelaron la medida en la segunda etapa del caso relacionado con supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), conocido como SeNaSa 2.0-A.
El tribunal, encabezado por la magistrada Ysis Muñiz e integrado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, aceptó parcialmente los recursos de apelación presentados por los procesados y ordenó mantener en prisión a Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar.
Estos siete imputados continuarán cumpliendo prisión preventiva en las penitenciarías Las Parras y Najayo-Mujeres, conforme corresponda.
No obstante, la Corte modificó la medida de coerción aplicada a Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, imponiéndole el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica.
Al ofrecer declaraciones sobre esta resolución, Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, explicó que el tribunal consideró que la imputada cambió su actitud respecto a los hechos que se le atribuyen al admitirlos, a diferencia de lo manifestado en instancias previas.
La representación del Ministerio Público estuvo conformada también por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); los fiscales litigantes Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría; así como el procurador de Corte José Manuel Aguiló.
Los acusados se presentaron ante los magistrados del tribunal de alzada, ubicado en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, buscando revocar la prisión preventiva dictada por el juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los recursos fueron interpuestos por sus abogados defensores, entre ellos Bernardo Santiago, Harol Alberto Echavarría Gómez, Rafael Segundo Ortega Grullón y Omar Chapman.
Otros imputados con medidas menos restrictivas
En este proceso también hay otros acusados a quienes se les aplicaron medidas de coerción más leves, incluyendo arresto domiciliario.
Entre ellos figuran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo se les impuso además una garantía económica de dos millones de pesos mediante una compañía aseguradora y prohibición para salir del país.
Por su parte, a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una aseguradora, impedimento para salir del territorio nacional y arresto domiciliario.
Asimismo, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantías económicas por un millón de pesos cada uno, impedimento para salir del país y presentación periódica ante las autoridades.
Investigación por supuesto fraude en SeNaSa
El expediente SeNaSa 2.0-A corresponde a una segunda fase en las pesquisas realizadas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
El órgano persecutor investiga una supuesta red que habría defraudado fondos públicos mediante facturación y cobro por servicios médicos no prestados, suplantación de identidades de afiliados y vulneración en las bases de datos del ente asegurador estatal.
Este proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024 durante la administración de Santiago Hazim, tras detectarse anomalías en las autorizaciones para servicios médicos.
El Ministerio Público busca determinar la participación individual de los involucrados y cuantificar el impacto económico que habrían generado estas operaciones fraudulentas sobre los recursos destinados a garantizar los servicios sanitarios para los afiliados.
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