Fuente: Odalis Mejía/odalis_mejia@hoy.com.do
En julio de 2028 vence el plazo establecido en la reforma de 2024 para adecuar la Constitución a las nuevas disposiciones vigentes.
La Constitución Dominicana cumplió 182 años desde su promulgación, durante los cuales ha sido modificada en 40 ocasiones, introduciendo cambios que han dado lugar a mandatos constitucionales que, a su vez, han impulsado modificaciones o la creación de nuevas leyes. No obstante, el Congreso Nacional continúa retrasado en la aprobación de estas normativas necesarias para fortalecer la institucionalidad y consolidar el Estado social, democrático y de derecho.
Recientemente, el pasado martes, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión extraordinaria en la provincia de San Cristóbal, con motivo del 182 aniversario de la firma de la primera Constitución dominicana.
La reunión se efectuó en la Gobernación Provincial y fue presidida por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien recordó que los constituyentes establecieron un sistema de Gobierno democrático y republicano, además de sentar las bases para la separación de poderes del Estado.
Pacheco señaló que, desde su promulgación, la Constitución ha sufrido 40 modificaciones debido a diversas circunstancias económicas y políticas. Entre esas reformas destacó la realizada en 2010, que consagró el Estado social y democrático de derecho, creó el Tribunal Constitucional y amplió el catálogo de derechos fundamentales.
Sin embargo, el legislador no mencionó el atraso del Congreso en aprobar las iniciativas derivadas tanto de esa reforma constitucional del 2010 como de la más reciente, aprobada en octubre de 2024. Esta última establece una disposición transitoria que obliga a que en un plazo no mayor a siete legislaturas ordinarias se aprueben las leyes necesarias para acelerar los trabajos pendientes. Este plazo culmina en julio de 2028.
¿Cuáles son?
Entre las leyes complementarias que ordena la Carta Magna de 2010 se encuentran: referendo, indulto, participación ciudadana, propiedad inmobiliaria, aguas y reformas a la Ley de Hidrocarburos; también normas sobre uso racional del gasto público, creación de monopolios estatales y aprovechamiento de recursos naturales que regulen el acceso y gestión de ríos, lagos, lagunas, playas y costas. Además, están pendientes actualizaciones al Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y Seguridad Social, entre otros. Por su parte, la Constitución del 2024 mandata revisar leyes relativas a Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Naturalización, Extranjería y Libre Acceso a la Información Pública.
En los últimos cinco años se han reformado el Código Penal, el Código Procesal Penal, Ley de Contrataciones Públicas, Régimen Electoral y Ley de Cámara de Cuentas; asimismo se crearon leyes sobre Ordenamiento Territorial, Fiscalización y Control del Congreso Nacional, Exención de Dominio, Ministerio de la Vivienda Hábitat y Edificaciones y Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, entre otras.
El número total de normativas pendientes de aprobación o modificación no ha sido definido por el Congreso; sin embargo, legisladores han mencionado una cifra aproximada de 80 leyes pendientes, siendo unas 70 relacionadas con la Carta Magna del 2010.
Vacíos en la regulación
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), señala que es importante considerar que muchas leyes o reservas legales contempladas en la Constitución ya están reguladas por normas vigentes previas y sólo requieren ajustes. En otros casos hay temas totalmente sin regulación.
Como ejemplos donde no existe regulación legal cita los indultos, bienes en zonas fronterizas e iniciativa popular legislativa. Sin embargo, hay otros ámbitos con leyes vigentes que necesitan actualización. Castaños menciona al menos 51 artículos constitucionales que ordenan revisar leyes o crear nuevas para regular actividades o proteger derechos.
Propuesta
Castaños Guzmán propone establecer una agenda prioritaria entre Poder Ejecutivo y Legislativo para identificar normas con vacíos totales o lagunas normativas cruciales para concretar el "Marco básico de acción constitucional". Esto es fundamental donde no exista legislación alguna y dicho vacío impacte negativamente en la seguridad jurídica y funcionamiento natural de instituciones y materias reguladas por la Constitución.
También plantea revisar las normas existentes para determinar cuáles requieren ajustes menores inmediatos para alcanzar los estándares fijados por la Constitución; otras necesitarán modificaciones mayores para alinearse mejor con sus exigencias.
Añade que algunas leyes pueden operar adecuadamente bajo el marco constitucional vigente sin necesidad inmediata de cambios; otras sí requerirán ajustes aunque no urgentes.
Finalmente indica que deben considerarse prioritarias las leyes sobre las cuales el Tribunal Constitucional se haya pronunciado mediante sentencias o exhortaciones al Legislativo.
"Esto puede ayudar a diseñar una agenda operativa discriminada. Por ello proponemos crear una comisión conjunta del Poder Legislativo y Ejecutivo para definir lo aprobado y lo pendiente", concluye Castaños.
La reforma más progresista: 2010
La reforma constitucional del 2010 es vista como la más avanzada hasta ahora. Entre sus puntos clave destaca definir a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho basado en dignidad humana, soberanía popular y separación de poderes. Asimismo consagra a la Constitución como norma suprema del Estado; amplía derechos fundamentales junto con garantías específicas; crea órganos esenciales para control y administración judicial como el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Consejo Nacional de la Magistratura y Defensor del Pueblo; además fortalece al Ministerio Público y regula el régimen de nacionalidad.
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