Fuente: Agencia EFE/agencia_efe@cnnespanol.cnn.com
La Asamblea Nacional de Ecuador, dominada por la mayoría oficialista, dio luz verde este lunes a la denominada "ley antimafias", un proyecto elaborado con el respaldo de Italia que modifica varias normativas para fortalecer la acción del Estado contra el crimen organizado. Entre las reformas destaca una acumulación excepcional de penas que puede llegar hasta los 60 años de prisión.
La propuesta fue presentada en junio pasado por Mishel Mancheno, presidenta del Legislativo y miembro del oficialismo, quien aseguró este lunes que la aprobación representa "un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado", esfuerzo que el presidente Daniel Noboa inició en 2024 al declarar una "guerra" contra los grupos armados responsables de una crisis de violencia sin precedentes.
El texto contó con 85 votos favorables provenientes de los asambleístas del partido gobernante, Asamblea Nacional del Ecuador, y sus aliados, mientras que no recibió respaldo por parte de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), actualmente suspendida.
En un comunicado, la Asamblea indicó que esta normativa reformará el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, entre otros, redefiniendo las responsabilidades penales para quienes formen parte, dirijan, financien o colaboren con organizaciones criminales.
Asimismo, introduce nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento violento o mediante amenazas de comunidades.
Uno de los cambios más significativos es la ampliación del límite para la acumulación de penas privativas de libertad, que hasta ahora era de 40 años.
Con esta ley, pendiente aún de ser ratificada por el presidente Noboa antes de entrar en vigor, ese máximo podrá alcanzar los 60 años únicamente cuando la acumulación corresponda a tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma total de las penas individuales asignadas a cada infracción supere los cuarenta años.
Además, se establecen mecanismos para proteger la identidad de jueces que conozcan casos relacionados con delincuencia organizada y se contempla la inhabilitación profesional para abogados y contadores que faciliten u oculten delitos dolosamente.
Jahiren Noriega, representante de la RC, criticó que el proyecto se enfoque en endurecer las penas "sin una justificación técnica" y recordó que desde 2018 se han implementado al menos siete reformas al código penal sin lograr disminuir los delitos en el país, que en 2025 alcanzó un récord de 9.284 asesinatos.
La elaboración de esta ley contó con el apoyo del Gobierno italiano; por ello, Mancheno entregó reconocimientos a una delegación italiana integrada, entre otras personas, por Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.
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