Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Esta iniciativa posiciona al país como líder regional en la gobernanza tecnológica basada en los derechos humanos.
Santo Domingo.- A través del Decreto 787-26, el Gobierno aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Esta herramienta innovadora coloca al Estado dominicano como un modelo en la región para la adopción responsable, segura, inclusiva y transparente de tecnologías emergentes.
El reglamento, desarrollado mediante un proceso participativo y multisectorial riguroso liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), cuenta con el respaldo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y se ajusta a los parámetros establecidos por la Unesco y la OCDE.
Fundamentos normativos y medidas de alto impacto
El recién aprobado Código de Ética establece regulaciones prácticas y de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración pública, tanto centralizadas como descentralizadas. Entre sus principales disposiciones destacan:
1. Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): Todo sistema de inteligencia artificial considerado de alto impacto —es decir, aquellos que incidan en el acceso a derechos, beneficios sociales o facultades sancionatorias— deberá pasar por una evaluación exhaustiva y obtener la aprobación del órgano supervisor antes de su implementación.
2. Transparencia algorítmica y derecho a revisión: La población tendrá el derecho a conocer claramente cuándo un trámite o decisión administrativa ha sido apoyado por inteligencia artificial. Además, se establecen canales accesibles para solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana.
3. Usos terminantemente prohibidos: La normativa protege los derechos ciudadanos al impedir absolutamente prácticas como el scoring o clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin autorización judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas.
4. Protección especial para la infancia: Se contempla una presunción reforzada de riesgo frente a cualquier sistema automatizado dirigido a niños, niñas y adolescentes, prohibiéndose de manera categórica el uso de IA que produzca o difunda contenido perjudicial, abusivo o discriminatorio hacia este grupo poblacional.
5. Soberanía digital y criterios para contratación: Las entidades públicas deberán exigir a sus proveedores garantías sobre trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos personales dominicanos, evitando la adquisición de sistemas tipo "caja negra" que no puedan ser auditados por el Estado.
Gobernanza, supervisión y plazos para su implementación
El decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y coordinador integrado por instituciones clave del Estado junto a representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto. Esto garantiza un escrutinio social permanente e incluye la participación activa de la academia y la sociedad civil.
Finalmente, la norma establece un período transitorio de 180 días calendario para que las entidades públicas ajusten sus procesos internos, registren los sistemas tecnológicos en uso, designen funcionarios responsables e implementen las acciones necesarias para cumplir eficazmente con este histórico compromiso hacia una transformación digital ética.
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