Fuente: Guillermo Peris Peris/guillermo_peris_peris@diariosigloxxi.com
El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado este miércoles que la Unión Europea presenta "varias deficiencias" en la protección contra las denominadas 'sustancias químicas eternas' (PFAS, por sus siglas en inglés), y que los límites establecidos para su presencia en alimentos y agua potable podrían no ser suficientes para salvaguardar la salud de los consumidores.
Los auditores europeos también advierten que la reacción de la UE "no logra mantenerse al día" con estas sustancias, las cuales "se acumulan continuamente en las personas y en el entorno". Asimismo, indican que uno de cada tres Estados miembro no llevó a cabo controles específicos entre 2020 y 2025 para verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la legislación europea.
"La UE debe enfrentar este problema con determinación y sin demora para desactivar esta bomba de relojería antes de que sea demasiado tarde", ha alertado Joelle Elvinger, integrante del Tribunal responsable de la auditoría, subrayando que, aunque estos compuestos pueden perdurar "para siempre", existen maneras de limitar sus impactos negativos sobre las personas y el medio ambiente.
Aunque Bruselas ha fijado concentraciones máximas para cuatro tipos de PFAS en productos como huevos, carne, pescado y mariscos, los auditores advierten que estos niveles buscan un equilibrio entre proteger la salud y mantener la disponibilidad de alimentos en el mercado, por lo que "no aseguran necesariamente que el consumo habitual sea seguro a largo plazo".
Además, señalan que la normativa europea no impone un número mínimo de inspecciones para verificar el cumplimiento de estos límites, y algunos países ni siquiera realizaron controles en este ámbito, pese a que la Comisión cuenta con datos de seguimiento que aún no ha empleado para revisar los valores actuales.
En relación con el agua potable, el Tribunal reconoce que generalmente se respetan las concentraciones máximas establecidas por la UE, pero cuestiona que estas sigan basándose en datos científicos de 2017 sin haber sido actualizadas desde su aprobación en 2020.
LA UE TOMA UNA MEDIA DE CINCO AÑOS PARA RESTRINGIR ESTAS SUSTANCIAS
Más allá de los riesgos del consumo, la auditoría pone en duda la eficacia de las normas europeas para limitar la producción y comercialización de estos compuestos, constatando que los procesos para restringirlos suelen durar alrededor de cinco años y que muchas sustancias utilizadas ni siquiera están registradas en el sistema comunitario de control químico.
Esta carencia de información, según el Tribunal, dificulta conocer adecuadamente sus posibles peligros y permite que ciertos compuestos permanezcan en el mercado sin haberse sometido a pruebas necesarias para evaluar su seguridad.
Asimismo, los auditores advierten que las restricciones no siempre logran disminuir los riesgos, ya que los fabricantes pueden reemplazar una sustancia prohibida por otra con características similares y posiblemente igual de dañinas, una práctica denominada por el Tribunal como "sustitución desafortunada".
En este contexto, el Tribunal insta al Ejecutivo comunitario a acelerar los procedimientos para limitar estas sustancias, simplificar los trámites requeridos para imponer restricciones y fortalecer la vigilancia conjuntamente con los Estados miembros.
También recomienda revisar antes de 2028 los límites aplicables a los alimentos y evaluar si los establecidos para el agua potable continúan siendo adecuados conforme a las investigaciones científicas más recientes, con el fin de evitar que la normativa siga quedando rezagada frente a los riesgos detectados.









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