Fuente: Listin diario
La economista recomienda mantener un control estricto sobre el equilibrio fiscal antes de considerar un nuevo endeudamiento.
Ellen Pérez Ducy, economista senior de Intelligent Economics Dominicana, señala que en el país los subsidios han ayudado a mitigar el impacto de los elevados precios de la energía, lo que ha mantenido la inflación de los alimentos relativamente baja o dentro de lo esperado, similar a lo que ocurre en casi todas las naciones.
Respecto al informe del Banco Mundial, que anticipa un aumento del 32% en los precios de la energía y del 18% en los alimentos debido a la guerra en Irán —conflicto que ha influido en la fluctuación del precio del petróleo y sus derivados—, así como a la sequía, inundaciones y otras complicaciones generadas por el fenómeno de El Niño, Pérez Ducy explicó que los incrementos en los combustibles tardan en trasladarse a los precios internacionales de los alimentos.
Comentó que, a seis meses desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ya se comienzan a percibir estas alzas.
Además, destacó que diversos factores están agravando una escasez que ya se venía presentando por sequías y condiciones climáticas adversas, situación que se intensificará durante los próximos dos trimestres.
En su reciente publicación, el Banco Mundial manifiesta su disposición para facilitar financiamientos destinados a enfrentar estas dificultades.
"Si las instituciones multilaterales ofrecen créditos con tasas bajas, deberían ser tomados en cuenta. Sin embargo, es fundamental monitorear la reciente mejora en el equilibrio fiscal, considerando que se aproximan renovaciones de deuda interna, nuevas demandas de financiamiento externo y aumentos previstos en las tasas internacionales —el Banco de Inglaterra acaba de elevar su tasa al 4%—", puntualizó.
Resaltó que las sugerencias para disminuir la dependencia del petróleo y buscar nuevas fuentes de inversión y exportación resultan muy atractivas.
El Banco Mundial advierte que la disminución en la producción de petróleo crudo y combustibles provocará un incremento del 32% en los costos energéticos y del 18% en los alimentos, situación que podría aumentar la pobreza globalmente. También estima un incremento del 14% en el precio de los fertilizantes.
Ayhan Kose, economista jefe adjunto y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, afirma: "Los mayores costos energéticos y las interrupciones comerciales están impulsando el aumento de precios de varios productos básicos, lo cual podría agravar la inflación y la inseguridad alimentaria, además de frenar el crecimiento económico. La prioridad debe ser proteger a las personas más pobres y respaldar a los países con bajos ingresos que ya enfrentan cargas significativas por deuda".
Sobre este tema se han pronunciado otros expertos económicos. Incluso, el Banco Central (BCRD) informó que la inflación interanual (de octubre 2025 a octubre 2026) alcanzó un 5.14%, con un impacto considerable en los precios del transporte y alimentos "debido principalmente a las presiones inflacionarias asociadas al choque energético global".
Al respecto, el economista Luis Vargas propone institucionalizar una Mesa de Diálogo, Análisis y Propuestas sobre la crisis energética (electricidad y combustibles) y la transición energética-ambiental.
Richard Medina considera que el Gobierno debe actuar reduciendo los precios al productor y fomentar la producción masiva de productos agrícolas para ayudar a bajar los costos principales de los alimentos.
Por su parte, Luis Manuel Piantini opina que el Gobierno debe prevenir la escasez para garantizar abundancia mediante programas agrícolas, evitando así aumentos excesivos en precios; además debe continuar con sus iniciativas para incrementar la productividad rural.
Señala también que las proyecciones sobre aumentos en los precios de metales serán favorables debido al incremento esperado en las exportaciones minerales, "lo cual compensaría el mayor gasto en importación de alimentos sin necesidad de recurrir a las reservas internacionales".
El Banco Mundial anunció que dispone entre US$50,000 millones y US$60,000 millones mediante instrumentos vigentes, incluidos US$25,000 millones en financiamiento preaprobado, para apoyar redes de protección social dirigidas a las personas más vulnerables, ampliar la capacidad fiscal y brindar capital operativo y liquidez tanto a empresas como explotaciones agrícolas.
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