Fuente: EL HERALDO – Edición digital
Los fiscales solicitaron avanzar hacia el debate oral, mientras que las defensas pidieron la realización de peritajes oficiales para cotejar los informes informáticos y contables que respaldan la acusación. La resolución se conocerá el jueves 5.
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, decidió este martes un cuarto intermedio hasta el jueves 5 para definir cómo seguirá la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La determinación deberá resolver entre el pedido de los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano de elevar la causa a juicio oral y público, y la solicitud de las defensas de llevar a cabo nuevas pericias oficiales. Los estudios solicitados pretenden contrastar los informes informáticos y contables que constituyen la base principal de la acusación, reunida tras casi ocho años de investigación.
Urribarri, señalado por la Fiscalía como supuesto autor, está defendido por Miguel Cullen. Cardona Herreros, acusado como presunto partícipe necesario, cuenta con la representación de Ignacio Díaz y José Velázquez.
Los fiscales rechazaron la realización de las pericias al considerar que la petición fue presentada fuera de término y que no aporta elementos nuevos al objeto de la investigación.
Además, ratificaron la validez de los informes, la competencia de los profesionales del Ministerio Público Fiscal que los elaboraron y la legalidad de las medidas adoptadas. También señalaron que las defensas fueron notificadas y no presentaron objeciones en tiempo y forma.
Por su parte, los abogados defensores argumentaron que en instancias previas se les había indicado que no era el momento procesal adecuado para realizar esos pedidos.
Indicaron que recién al conocer el requerimiento de elevación a juicio pudieron detectar las diferencias que, según sostienen, existen entre los montos consignados en los informes contables y los mencionados en el hecho atribuido.
Cullen solicitó una pericia contable independiente, con la participación de expertos oficiales y de parte, para precisar cuál sería el incremento patrimonial considerado injustificado.
Según su planteo, la acusación incluye recursos que podrían corresponder a la actividad económica autónoma de los hijos mayores del exmandatario.
En ese marco, el defensor aseguró que Urribarri y su esposa, Ana Lía Aguilera, vendieron en 2012 los derechos federativos de su hijo Bruno, exfutbolista profesional, por 1.200.000 dólares. Presentó esa operación como un ingreso que debe tenerse en cuenta al analizar el patrimonio familiar.
El jueves, Budasoff anunciará si acepta las medidas solicitadas por las defensas o dispone que la acusación continúe hacia la etapa de juicio.
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