Fuente: Gabriel Alberto Hernández Tiburcio/gabriel_alberto_hernandez_tiburcio@hoy.com.do
El jurista destaca que la indefensión de una menor obliga al tribunal a imponer las penas más severas.
El caso de Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, detenido tras la circulación en redes sociales de un video donde realiza comentarios e insinuaciones sexuales mientras sostiene a una bebé de 11 meses, sigue generando controversia en el ámbito legal nacional.
El reconocido abogado Carlos Salcedo examinó las repercusiones jurídicas del proceso y advirtió que la conducta bajo investigación podría conllevar sanciones estrictas debido a la total vulnerabilidad de la víctima.
Salcedo indicó que la legislación establece penas que oscilan entre cinco y diez años, y enfatizó que la condición de indefensión de una niña tan pequeña obliga al juez a aplicar la máxima severidad prevista por la ley.
“Cuando existe una situación de vulnerabilidad como en el caso de una menor, la sanción se vuelve más rigurosa. Lo que el legislador ordena al juez es que imponga la pena máxima, por lo tanto, la sanción se endurece,” afirmó el jurista.
Este caso ha cobrado mayor relevancia conforme pasan las horas y se revelan nuevos testimonios. A raíz del escándalo, han surgido otras denuncias relacionadas con el imputado, incluyendo el caso de una menor de 13 años mencionado en audios y otras presuntas víctimas que están siendo evaluadas por las autoridades competentes.
Respecto a la posibilidad de acumular penas por los múltiples hechos denunciados, Salcedo aclaró que este procedimiento solo se aplica a conductas concurrentes que forman parte del mismo momento o acto delictivo.
El Ministerio Público, representado por fiscales locales, mantiene al acusado recluido en prisión preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde donde se prepara para presentar la solicitud de medida cautelar. Al mismo tiempo, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) llevan a cabo las valoraciones físicas y psicológicas de las menores implicadas para determinar el impacto sufrido y definir la calificación jurídica definitiva que respaldará el expediente.
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