Fuente: Listin diario
Los contribuyentes que no hayan adoptado la facturación electrónica antes de la fecha límite, el 15 de noviembre de 2026, se enfrentan a posibles multas económicas, la invalidez de sus comprobantes fiscales y limitaciones en sus operaciones.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha subrayado que este plazo es definitivo para el tercer y último grupo de obligados, integrado por pequeños contribuyentes, microempresas y empresas no categorizadas.
Este grupo ha contado con un período de transición de tres años y seis meses (42 meses) para implementar el nuevo sistema de emisión.
Impactos económicos y operativos (Ley 32-23)
El incumplimiento de esta obligación legal acarrea sanciones específicas establecidas en la Ley No. 32-23 de Facturación Electrónica y el Código Tributario:
1. Multas económicas que oscilan entre cinco y 30 salarios mínimos del sector público por no emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF). En la actualidad, la sanción mínima varía entre RD$ 80,000 y RD$ 85,000.
2. Según la gravedad de la infracción, la DGII podrá imponer una multa adicional equivalente al 0.25% de los ingresos declarados en el ejercicio fiscal anterior.
3. Los contribuyentes obligados perderán el permiso para usar habitualmente los comprobantes tradicionales (Serie B). Operar sin la adecuada acreditación tecnológica equivale a un cierre virtual de sus actividades comerciales.
4. Cualquier factura emitida fuera de los canales autorizados o sin las excepciones legales por contingencia será rechazada por la DGII. Esto impedirá que los clientes deduzcan el gasto o reclamen el crédito fiscal del ITBIS, ocasionando deterioro empresarial, pérdida de clientes y demoras en los pagos.
5. Aunque las autoridades fiscales han aclarado que esta medida no implica el cierre inmediato de establecimientos tras vencer el plazo, el Código Tributario continúa facultando a la DGII para ordenar clausuras temporales como sanción accesoria ante la persistente negativa a cumplir la normativa.
6. Quedarse fuera del sistema tecnológico después del plazo aumenta el nivel de riesgo del contribuyente, impacta negativamente su Scoring Tributario y lo expone a auditorías y revisiones por parte de la administración tributaria.
7. Existen alrededor de 200 proveedores autorizados de facturación electrónica que ofrecen soluciones informáticas con precios competitivos.
8. La DGII ha puesto a disposición un facturador gratuito que incluye firma digital.
9. La DGII mantiene una jornada constante y amplia de capacitaciones gratuitas a nivel nacional.
10. Basándose en los principios de legalidad y seguridad jurídica, únicamente una ley puede modificar a otra ley (como sucede con la Ley 32-23).
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