Fuente: Katelyn Polantz/katelyn_polantz@cnnespanol.cnn.com
Los fiscales federales en Seattle y áreas cercanas del estado de Washington están dejando de litigar casos relacionados con inmigrantes detenidos debido a la falta de recursos para afrontar la gran cantidad de expedientes.
Miles de personas detenidas han impugnado su detención ante tribunales federales, lo que obliga a los fiscales del Departamento de Justicia a responder formalmente a cada documento presentado antes de que un juez pueda dictar sentencia. Además, el Departamento debe realizar un seguimiento frecuente ante los tribunales incluso después de que un juez ordena la liberación de un detenido. Aunque el volumen de documentos es elevado en todo el país, en el Distrito Oeste de Washington prácticamente se ha dejado de presentar argumentos en los tribunales.
El aumento en la carga de casos ha generado "litigios prolongados" que consumen "una cantidad considerable de tiempo" del personal fiscal federal auxiliar, señaló recientemente la fiscalía federal.
"Lamentablemente, actualmente no contamos con los recursos necesarios para asignar fiscales auxiliares a cada una de las decenas de solicitudes de habeas corpus que recibimos semanalmente", indicó el fiscal federal interino en Seattle, Charles Floyd, en una carta dirigida al juez presidente David Estudillo el 26 de octubre.
Este cambio en la estrategia implica una admisión por parte del Gobierno de Trump sobre cómo sus políticas estrictas en materia migratoria saturan tanto al sistema judicial como al propio Departamento de Justicia. Fiscales en otros estados ya habían manifestado su frustración ante la gran cantidad de casos migratorios que deben atender.
En Seattle y Tacoma, esta modificación deja en manos del tribunal un mayor control para ordenar la liberación de los detenidos. La misiva de Floyd incluso sugiere que el tribunal envíe "directamente" un correo electrónico a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma cuando sea necesario liberar a un inmigrante recluido allí.
Portavoces tanto de la fiscalía federal en Seattle como del Departamento de Justicia en Washington no respondieron el martes a solicitudes para comentar al respecto.
Al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Gobierno modificó su política para negar a los inmigrantes detenidos recursos inmediatos para obtener su liberación dentro del sistema migratorio. En vez de eso, debían presentar demandas judiciales conocidas como solicitudes de habeas corpus para solicitar a jueces federales su libertad, incluso si eran inmigrantes no violentos detenidos por ICE. Esta situación provocó un aumento considerable en la cantidad de casos habeas corpus presentados ante tribunales federales en todo el país.
Desde enero de 2025 se han registrado casi 100.000 casos ante tribunales federales de distrito, representando a cientos de miles de personas indocumentadas detenidas mientras esperan nuevos procesos migratorios, según datos recopilados por ProPublica.
Hasta principios de este mes, el Distrito Oeste de Washington había registrado aproximadamente 2.000 casos, según ProPublica.
"El elevado número de solicitudes recibidas, muchas veces copiadas unas de otras, ha afectado gravemente la capacidad del Gobierno para responder puntualmente a cada demanda específica, ya que requiere que los abogados fiscales dediquen mucho tiempo a investigar y analizar cada caso", explicó el fiscal federal en Seattle. "Esto también ha impactado negativamente nuestra habilidad para atender otros litigios civiles contra el Gobierno presentados en este distrito".
La carta fue dada a conocer por otro juez durante el fin de semana.
"El Gobierno tiene completo acceso a los hechos relevantes sobre la detención del solicitante, pero no ha presentado fundamentos fácticos ni jurídicos para rechazar su solicitud", escribió la jueza federal Kymberly Evanson, en Seattle, en uno de los casos habeas corpus donde el Departamento no respondió. "La ausencia de oposición por parte del Gobierno implica renuncia a cualquier argumento que pudiera haber expuesto".
Numerosos jueces han ordenado la liberación de inmigrantes detenidos que presentan estos recursos. En algunos distritos como Minnesota, la cantidad tan alta de estos casos llevó a que los jueces criticaran duramente al Departamento de Justicia y cuestionaran la incapacidad del Gobierno Trump para acatar órdenes judiciales.
Los defensores de derechos migratorios también han cuestionado con vehemencia cómo las políticas del Gobierno Trump provocaron esta avalancha masiva de recursos habeas corpus.
"Debido a las políticas ilegales del Gobierno Trump sobre detenciones, los tribunales federales han sido inundados con miles de solicitudes habeas corpus durante los últimos dos años", señaló Mark Fleming, director de políticas del Centro Nacional para la Justicia Migratoria, el martes pasado. "Esto demuestra claramente cómo los recursos fiscales se desvían desde asuntos cruciales para las comunidades hacia la defensa constante de detenciones ilegales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)".
Por otro lado, este año la Corte Suprema tiene pendiente analizar también la cuestión económica relacionada con la accesibilidad legal para inmigrantes detenidos.
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