Fuente: Redacción Dds/redaccion_dds@diariodesevilla.es
La Guardia Civil de Sevilla ha desmantelado un grupo criminal presuntamente dedicado a la compra, venta y distribución ilegal de vapers de contrabando. Las operaciones Humito y Nebeldos culminaron con la detención de 15 personas, la incautación de 75.319 vapers y la intervención de ocho vehículos, cuatro de ellos de alta gama.
El valor aproximado de la mercancía incautada asciende a 2.083.960,59 euros, a lo que se suman 23.000 euros en efectivo, lo que sitúa el total de los bienes intervenidos en 2.106.960,59 euros, según informó la Guardia Civil en un comunicado oficial.
La investigación fue llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sevilla (Pafif) junto con agentes del puesto de Utrera. El caso comenzó tras una actuación en enero de 2025 en Los Palacios y Villafranca, donde se incautaron 12.200 vapers de contrabando. Más adelante, en octubre del mismo año, los investigadores recibieron información sobre un grupo organizado que se dedicaba a comercializar y distribuir estos dispositivos ilegalmente en diversos puntos de la provincia sevillana.
Las pesquisas permitieron identificar varios comercios ubicados en Utrera, Los Palacios y Villafranca, Carmona y diferentes zonas de Sevilla capital, que supuestamente funcionaban como puntos de venta y distribución. Además, la organización empleaba una empresa de mensajería para enviar vapeadores a nivel nacional. También se localizaron domicilios y trasteros usados para almacenar los productos antes de su reparto.
Desde el hallazgo hasta la identificación del grupo
El descubrimiento inicial de los 12.200 dispositivos en Los Palacios y Villafranca marcó el inicio de un análisis prolongado durante varios meses. Los investigadores cruzaron la información obtenida en octubre con los datos recogidos en la primera intervención, logrando vincular a varias personas y locales con la actividad ilícita.
La colaboración entre la Pafif, especializada en combatir el contrabando y delitos fiscales, y los agentes de Utrera permitió cubrir diferentes zonas de la provincia y recopilar las pruebas necesarias para planificar registros posteriores.
Una red estructurada
Los investigadores apuntan que los miembros del grupo tenían asignadas áreas específicas para la comercialización y distribución dentro de Sevilla. Este reparto territorial buscaba evitar conflictos internos y potenciar las ventas.
La red utilizaba almacenes cercanos a las zonas de venta para dificultar las tareas policiales. Asimismo, vendían vapeadores por Internet y empleaban empresas de mensajería con remitentes que utilizaban identidades y direcciones falsas. Esta práctica está relacionada con el presunto delito de falsedad documental que forma parte de la investigación.
Más de 75.000 vapeadores decomisados
La primera fase operativa tuvo lugar entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026. Los agentes intervinieron en las instalaciones de una empresa de mensajería en Sevilla, así como en domicilios en Los Palacios y Villafranca, establecimientos comerciales en esta localidad y Utrera, además de varios trasteros ubicados en un polígono industrial sevillano.
En tres trasteros se incautaron 49.616 unidades, sumándose miles más localizados en domicilios, comercios y dependencias vinculadas a una empresa de transporte. En total fueron aprehendidos 75.319 vapeadores contrabandeados de gran capacidad valorados en 2.083.960,59 euros, junto a 23.000 euros en efectivo.
Quince detenidos y ocho vehículos confiscados
Tras los registros se procedió a arrestar a 15 personas residentes en Los Palacios y Villafranca, Utrera, Carmona, Dos Hermanas y Sevilla. Además, se intervinieron ocho vehículos utilizados para distribuir la mercancía; cuatro eran coches de lujo valorados en más de 30.000 euros cada uno.
La investigación permitió descubrir la estructura operativa del grupo y las funciones específicas asignadas a sus miembros. Con esta segunda fase se da por totalmente desarticulada la red.
Los hechos investigados están relacionados con presuntos delitos contra la hacienda pública, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
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