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Interoperabilidad frente a monopolio la disyuntiva pendiente para el Estado

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La inspección vehicular está estrechamente vinculada al concepto de salud ambiental.

Fuente: Listin diario

La inspección vehicular está estrechamente vinculada al concepto de salud ambiental. Al controlar las emisiones contaminantes, se reduce la polución del aire; al retirar la chatarra de las calles, disminuyen los embotellamientos y mejora la calidad de vida. Es un punto donde convergen la tecnología y el medio ambiente.

Cuando el Distrito Nacional cambia de proveedor de equipos para el control del tránsito, sucede algo similar: controladores, sensores y gran parte de los dispositivos instalados quedan obsoletos porque el software del nuevo proveedor no es compatible con los del anterior. El Estado no adquiere un servicio, sino que compra el acceso a un ecosistema cerrado, y para salir de él debe pagar nuevamente o quedarse con un sistema híbrido que apenas coordina unas pocas intersecciones. Esta incompatibilidad no es un fallo técnico casual, sino un secuestro tecnológico sobre el cual se edifican monopolios: quien instala primero no compite por calidad, sino por permanecer, ya que el costo de reemplazarlo recae en el contribuyente.

No obstante, existe otra arquitectura posible: una plataforma de gestión del tránsito capaz de integrar equipos de diferentes marcas, permitiendo que dispositivos de distintos fabricantes se comuniquen entre sí. Con esta solución, los municipios del Gran Santo Domingo podrían interconectar sus equipos y coordinar corredores completos, dado que los embotellamientos no terminan en los límites municipales.

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Esto no es una novedad. Desde 1992, fabricantes y agencias viales en Estados Unidos desarrollan un protocolo común para que los controladores de tránsito sean intercambiables entre distintas marcas. Una tarjeta de crédito funciona en terminales de cualquier fabricante porque la industria de pagos estableció hace décadas un estándar común. En la inspección vehicular ya existen plataformas que integran equipos diversos en una sola red. El obstáculo no es la tecnología, sino que esa información no siempre llega a quienes diseñan políticas, redactan leyes y establecen criterios para licitaciones.

Ignorar este hecho tiene consecuencias, como demostró Costa Rica. Al concluir en 2022 la concesión de la inspección técnica vehicular, las máquinas pasaron al Estado pero quedaron bloqueadas digitalmente: ni el fabricante ni el nuevo operador pudieron reactivarlas. El país era propietario del hardware, pero no de la lógica digital que lo transformaba en servicio. Cuando el software de un único proveedor controla el origen del dato, el contrato termina pero la dependencia persiste.

El dato es el activo digital fundamental del servicio, pero su propiedad formal no basta: el Estado debe controlar su generación, acceso y uso. Si el software solo funciona con equipos de una marca determinada, el Estado queda subordinado al fabricante. Sin embargo, si admite dispositivos de cualquier marca, recupera algo más que soberanía: asegura la continuidad del servicio. Varias empresas pueden operar simultáneamente; cualquiera puede ser reemplazado sin interrumpir el sistema ni perder lo invertido; y los fabricantes compiten por calidad y precio en lugar de mantener cautivo al cliente. Exigir interoperabilidad no impone una herramienta específica; establece dónde se entrega el dato, en qué formato y bajo qué reglas.

Esa soberanía y competencia se demuestran con la ejecución práctica, no solo sobre el papel. Aunque el marco legal proclama la interoperabilidad, permite excepciones para alianzas público-privadas por donde se cuela el monopolio. En realidad, la elección es binaria: quien rechaza la interoperabilidad escoge el monopolio aunque lo niegue; porque quien instala primero su ecosistema cerrado domina el servicio mientras dure su contrato y, como muestra Costa Rica, incluso después. El monopolio termina siendo rentista y extractivo: al bloquear la competencia cobra por permanecer y no por mejorar. Dividir el servicio entre dos ecosistemas cerrados no elimina riesgos; los multiplica.

Un ejemplo cercano es el programa nacional de inspección técnica vehicular que prevé iniciar en 2027 el INTRANT con talleres certificados. Este enfoque abre oportunidades a múltiples empresas, pero solo será sostenible bajo una condición: que todos los talleres se conecten a X-Road, la plataforma mediante la cual el Estado interconecta sus instituciones; y que los datos de cada inspección provengan directamente del equipo medidor sin posibilidad de alteración durante el proceso. Así se distribuyen las oportunidades sin perder control; si algún participante falla o se retira, el servicio continúa. Sin esa red común estatal, el riesgo solo cambia de lugar: quien provea el sistema para todos los talleres será el nuevo monopolio. Y si los datos no llegan íntegros desde los equipos, la validez de cada inspección depende únicamente de la firma del inspector y el programa queda vulnerable a prácticas que desacreditaron esquemas previos perdiendo lo más valioso: la confianza.

Por ello, al diseñar un programa así deben escucharse especialistas, gremios tecnológicos y operadores con experiencia internacional a través de consultas técnicas abiertas y documentadas antes del pliego. No para delegar decisiones —que corresponden al Estado— sino para asegurar que estas se tomen con pleno conocimiento tecnológico sobre lo que ya es posible: integrar marcas y operadores diversos en una única red que controle un programa diversificado. Solo así una inspección en Monte Cristi tendrá igual valor que una en el Distrito Nacional.

Actualmente, el Congreso tiene la oportunidad de corregir esta contradicción antes de formalizar contratos. El Senado estudia un anteproyecto para sustituir la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas donde aún se trata al activo digital como accesorio del físico. Bastaría cerrar esa rendija estableciendo que el Estado posee tanto los datos como los estándares y que ningún operador ni fabricante controla la plataforma del servicio para asegurar futuras concesiones protegidas. Adoptar la interoperabilidad hoy cuesta solo una línea en la ley; no hacerlo implica veinte años bajo monopolio.

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