Fuente: Kara Scannell/kara_scannell@cnnespanol.cnn.com
A dos años de haber comenzado su segundo mandato, el presidente Donald Trump continúa intentando eliminar de su historial la condena por un delito grave que recibió en 2024. El jueves, un panel de jueces de apelación en Nueva York examinó los argumentos legales presentados por Trump contra su condena por falsificación de registros comerciales, relacionada con ocultar pagos destinados a silenciar un escándalo y afectar las elecciones presidenciales de 2016.
Los cinco magistrados — todos designados por gobernadores demócratas — mostraron en ciertos momentos apertura hacia los planteamientos de Trump sobre cómo la ley electoral federal y la inmunidad presidencial podrían influir en la validez de la condena.
Los abogados del expresidente sostuvieron que la sentencia, asociada al reembolso de pagos realizados a Stormy Daniels para asegurar su silencio, debería ser anulada parcialmente debido a que la ley electoral federal prevalece sobre las normativas estatales.
Además, el equipo legal de Trump argumentó que el juez a cargo del caso violó una resolución de la Corte Suprema de 2024 sobre inmunidad presidencial al permitir que se usaran como pruebas testimonios de funcionarios de la Casa Blanca y publicaciones en Twitter del propio Trump, relativas a actos oficiales, en un proceso penal centrado en actos no oficiales.
Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales con la intención de cometer u ocultar otro delito.
Durante el juicio, los fiscales del Distrito de Manhattan afirmaron que dicho delito consistía en promover o impedir una elección mediante medios ilícitos, lo que podía incluir infracciones a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), falsificación de registros bancarios o delitos fiscales.
“En cuanto a la conspiración subyacente relacionada con leyes electorales, lo importante es que [Trump] y sus cómplices eran indiferentes a la legalidad de sus acciones. Querían ocultar sus actos y realizar esos pagos para silenciar el escándalo sin que nadie se enterara”, declaró Steven Wu, jefe de la división de apelaciones de la Fiscalía, el jueves.
Las infracciones a la FECA fueron consideradas por los fiscales como el fundamento más claro para la condena; sin embargo, Robert Giuffra, abogado de Trump, señaló ante el panel de apelación que esas infracciones son “la razón más evidente para revocarla”.
“La ley es bastante clara”, afirmó Giuffra. “El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Elecciones tienen jurisdicción exclusiva para regular y sancionar violaciones relacionadas con contribuciones y gastos”.
Un jurado integrado por 12 neoyorquinos encontró a Trump culpable en todos los cargos, convirtiéndolo en un condenado por delito grave. Tras ser reelegido presidente, días antes de su toma de posesión se dictó una sentencia de libertad incondicional.
El jueves, los jueces interrogaron al abogado del Estado sobre hasta qué punto el equipo fiscal se apoyó en las infracciones a la FECA para sustentar los 34 cargos por falsificación contra Trump.
“Solo parcialmente”, respondió Wu, agregando que las pruebas relativas a violaciones a la FECA eran hechos que el jurado debía considerar pero no elementos constitutivos directos de los delitos imputados.
“La doctrina de primacía federal impide que una ley estatal aplique directamente una ley federal. Eso no ocurrió en este caso”, explicó Wu.
La magistrada Bahaati Pitt-Burke insistió ante Wu señalando que el caso trataba sobre contribuciones electorales. “Eso claramente está regulado por la FECA. ¿Qué argumento tiene para superar ese punto?”
Wu contestó: “La FECA limita sus restricciones directamente a contribuciones y gastos. Así lo establece la jurisprudencia y normativa. Pero este proceso penal y las leyes bajo las cuales se condenó no tienen relación con gastos ni contribuciones”.
“Si analizamos el foco principal —el fraude cometido en los registros comerciales en Nueva York— eso no está regulado por la FECA”, añadió la jueza.
La condena a Trump afectará a futuros presidentes, dice su abogado
Giuffra fundamentó gran parte de su defensa en el principio de primacía federal, pero también sostuvo que la interpretación que haga el tribunal respecto al fallo sobre inmunidad presidencial dictado por la Corte Suprema en 2024 podría sentar un precedente.
“Podría aplicarse a cualquier presidente futuro”, dijo Giuffra. “No es solo un asunto del presidente Trump; afecta a futuros mandatarios”.
Wu sostuvo que tanto las conversaciones con personal de la Casa Blanca como los tuits emitidos por Trump se referían a actos no oficiales y, por ello, no estaban protegidos por inmunidad; además señaló que incluso si el juez admitió indebidamente esas pruebas existía suficiente evidencia adicional para sustentar la condena.
Esas pruebas fueron “una gota en el océano” frente al resto del material probatorio contra Trump, afirmó Wu, por lo cual cualquier error supuesto carecería de relevancia dada la contundencia del resto de las evidencias.
“¿Puede existir algo así como un error sin consecuencias respecto a inmunidad presidencial?”, preguntó el juez Shlomo Hagler.
El fallo supremo determinó que los tuits presidenciales pueden considerarse actos oficiales porque esa es una vía utilizada por el mandatario para comunicarse con el pueblo estadounidense, explicó Giuffra.
El juez Troy Webber citó dicha decisión y preguntó cómo las conversaciones entre Trump y Hope Hicks —exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca— destinadas a responder preguntas mediáticas sobre el pago contribuían al interés público estadounidense.
Giuffra replicó que los tuits tenían relación con la idoneidad del presidente para ejercer su cargo. Otros presidentes también han debido defenderse públicamente ante acusaciones similares durante sus mandatos mediante declaraciones públicas, agregó el abogado.
Boris Epshteyn, asesor veterano y abogado personal principal de Trump, estuvo presente en la audiencia, lo cual reflejó la importancia del caso para el expresidente.
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