Fuente: Listin diario
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia plantea reformas al régimen disciplinario, una mayor coordinación entre los actores del sistema penal y un plan de mejoras para los primeros 100 días de gestión.
Justiniano Montero, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, anunció varias iniciativas orientadas a transformar el sistema de administración de justicia. Entre ellas destacan la reactivación de los tribunales móviles para descongestionar los centros penitenciarios, la firma de un pacto interinstitucional contra la corrupción y la reforma del régimen disciplinario judicial.
Montero detalló que la propuesta de los tribunales móviles tiene como objetivo acercar los estrados judiciales a las cárceles con mayor hacinamiento, implementando una estrategia coordinada con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Esta iniciativa busca disminuir los aplazamientos en las audiencias y resolver los problemas logísticos, operativos y de seguridad que implica trasladar constantemente a las personas privadas de libertad desde las prisiones hasta los palacios de justicia.
Además, facilitaría la participación de víctimas y testigos, agilizaría el trámite de los procesos y contribuiría a que los expedientes avancen con mayor prontitud.
El magistrado también propuso fortalecer los mecanismos alternativos para resolver conflictos mediante una mesa de gobernanza penal. El objetivo es fomentar acuerdos y conciliaciones en los casos permitidos por ley, evitando así que asuntos menores incrementen la congestión en el sistema penitenciario.
Como parte del seguimiento a estas iniciativas, informó sobre la creación de una comisión especial compuesta por dos funcionarios judiciales y un consejero, encargada de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas fijadas para los primeros 100 días de su gestión.
Pacto contra la corrupción
Dentro del programa de trabajo, Montero anunció que la Suprema Corte promoverá un pacto interinstitucional destinado a prevenir y combatir prácticas corruptas que puedan afectar la administración de justicia.
Esta propuesta incluye la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
El presidente de la SCJ afirmó que la prevención contra la corrupción debe involucrar a todos los actores del sistema judicial y no limitarse exclusivamente a jueces y servidores judiciales.
Advirtió que las conductas contrarias a la ética perjudican tanto la reputación individual de los funcionarios como la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
En ese sentido, resaltó que no basta con proteger a los jueces frente a posibles señalamientos; es necesario trabajar en conjunto con todos los sectores involucrados en los procesos judiciales.
“No basta con blindar a nuestros jueces; debemos incidir activamente en los demás actores que intervienen en el proceso”, expresó.
Montero también anunció el fortalecimiento del régimen disciplinario, especialmente en lo relacionado con procesos contra abogados y notarios, con el fin de eliminar retrasos en la tramitación y asegurar resoluciones dentro de plazos razonables.
El magistrado señaló que esta jurisdicción actuará respetando el debido proceso y el derecho a defensa, pero impondrá sanciones a quienes incumplan normas éticas profesionales.
“El que sea inocente será declarado inocente, y el culpable, culpable. No podemos seguir con una jurisdicción disciplinaria resguardada en un ostracismo total”, manifestó.
Asimismo, hizo un llamado a abogados y notarios para que desempeñen sus funciones con responsabilidad, alertando sobre las consecuencias negativas de falsas promesas o cobros indebidos por servicios profesionales que no se pueden cumplir.
Plan para los primeros 100 días
Estas iniciativas forman parte de una agenda institucional transformadora que Montero busca implementar al inicio de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
Entre las prioridades también se encuentra la elaboración de un plan de mejoras para los primeros 100 días, además de promover la modernización de la Ley del Poder Judicial, consolidar la transformación digital y fortalecer los programas antisoborno.
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