Fuente: Aaron Blake/aaron_blake@cnnespanol.cnn.com
Después de años en los que los republicanos desplegaron esfuerzos extraordinarios para politizar la supervisión del Congreso y atacar a los rivales del presidente Donald Trump, ahora su Administración emite fuertes advertencias a los demócratas para que no utilicen esa supervisión con fines políticos contra Trump y su círculo cercano.
En dos ocasiones recientes, el Ejecutivo ha emitido señales claras ante las próximas disputas por las investigaciones entre el Gobierno y el Congreso entrante, que estará bajo control demócrata.
En una entrevista con CNN el domingo, el secretario de Justicia, Todd Blanche, dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia lleve a juicio a legisladores demócratas que amenacen con investigar a funcionarios del Gobierno de Trump con un exceso de celo.
Este miércoles, el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, envió una carta a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes advirtiendo sobre las futuras investigaciones y asegurando que el Ejecutivo "no se dejará extorsionar".
Estas acciones resultan particularmente contradictorias, considerando la reciente trayectoria de los republicanos, quienes utilizaron el poder gubernamental para arremeter contra los adversarios de Trump de maneras pocas veces vistas en la era moderna.
En la misiva enviada este miércoles al próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, Robert Garcia, Scharf señala que la supervisión demócrata "debe contribuir a una función legislativa legítima", y no asumir tareas propias del procesamiento penal que corresponden al Poder Ejecutivo y Judicial.
Alerta además sobre la posible existencia de un "procedimiento ilegal motivado por animosidad, mezquindad, odio u otra causa ilícita" y menciona "amenazas abusivas y caprichosas" por parte de legisladores demócratas.
Garcia, demócrata por California, respondió que la Cámara "no se dejará intimidar por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia usado como herramienta política ni por los abogados del presidente".
La carta de Scharf refleja lo expresado por Blanche el domingo. Tras un mensaje en redes sociales de Trump donde calificaba las amenazas investigativas demócratas como una "extorsión al más alto nivel", Blanche no descartó procesar a los demócratas por ello.
Blanche hizo referencia al breve mensaje enviado por Garcia al Gobierno la noche electoral: "BUSQUEN ABOGADOS".
"Si eso no les molesta ni a ustedes ni a sus espectadores, entonces realmente tenemos que despertar en este país, porque a mí sí me preocupa", declaró Blanche a Dana Bash, de CNN.
El Partido Republicano ha instado explícitamente a los demócratas a buscar abogados
Sin embargo, Trump y sus aliados han lanzado amenazas similares contra demócratas en reiteradas ocasiones durante los últimos años:
* En 2023, Kash Patel, actual director del FBI, advirtió: "Vamos tras los medios que mintieron sobre ciudadanos estadounidenses y ayudaron a Joe Biden a manipular elecciones presidenciales; vamos tras ustedes".
* Ed Martin, entonces funcionario del Departamento de Justicia durante el Gobierno Trump, publicó en mayo de 2025: "Busquen abogados, demócratas que usan la justicia como arma política".
* En octubre de 2025, el senador republicano Eric Schmitt, por Missouri, instó a las personas implicadas en la investigación “Arctic Frost” a "buscar abogados".
* En enero, James Comer, presidente republicano actual de la Comisión de Supervisión de la Cámara, le dijo al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que “buscara abogados” por un fraude ocurrido durante su mandato estatal.
Trump ha emprendido amplias represalias legales
Lo fundamental es que el Gobierno perdió hace tiempo toda autoridad moral para cuestionar las “amenazas abusivas y caprichosas” o investigaciones “motivadas por animosidad, mezquindad u odio”.
El propio Trump ha atacado en múltiples ocasiones a sus rivales políticos frecuentemente acusándolos por supuestas infracciones inexistentes o sustentadas en evidencias débiles. Además reconoció públicamente no poder abandonar su odio hacia sus enemigos en una entrevista para “60 Minutes” transmitida el pasado fin de semana.
Una investigación publicada por Reuters en noviembre de 2025 reveló que en menos de un año desde su segundo mandato Trump tomó represalias legales contra al menos 470 personas, organizaciones e instituciones.
Es ilustrativo que su Gobierno haya puesto bajo investigación casi todas las causas judiciales importantes contra él mismo.
Incluso en algún momento Trump admitió explícitamente que su objetivo era “venganza” y no rendición de cuentas.
“Para quienes fueron agraviados o traicionados soy su venganza”, afirmó en marzo de 2023.
El Departamento de Justicia impulsó con frecuencia procesos penales contra adversarios políticos basándose en pruebas endebles o presionados directamente por Trump.
Varios procedimientos fracasaron ya sea porque no lograron superar siquiera el bajo umbral necesario para formalizar cargos o porque no se aportaron pruebas suficientes:
* Intentos fallidos para acusar formalmente a seis legisladores demócratas por pedir a militares y agentes de inteligencia desobedecer órdenes ilegales.
* Varios intentos sin éxito para imputar cargos contra Letitia James, fiscal general neoyorquina.
* Un intento fallido para acusar formalmente a Cassidy Hutchinson, testigo clave en la pesquisa sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero.
* Procesos desestimados contra James y James Comey (exdirector del FBI), aunque posteriormente Comey fue acusado formalmente dos veces más en casos vistos con escepticismo legal.
* Múltiples fracasos legales contra opositores como el senador Adam Schiff o Lisa Cook (miembro del consejo directivo de la Reserva Federal) acusados sin sustento real sobre irregularidades hipotecarias.
* Una investigación penal abandonada contra Jerome Powell (presidente entonces de la Reserva Federal) relacionada con sobrecostos en obras institucionales.
Aunque los aliados trumpistas acusan al gobierno Biden de persecución política contra Trump, hay mucho más respaldo documental sobre cómo Trump impulsó estas investigaciones que sobre cualquier participación directa del expresidente Joe Biden para judicializarlo.
El Partido Republicano también politizó la supervisión del Congreso con escasas evidencias
Aunque se trate aquí principalmente de procesos penales y no estrictamente supervisión legislativa, tampoco resulta fácil para los republicanos negar haber hecho lo mismo que ahora reprochan al Gobierno respecto a los demócratas.
De cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024 entre Trump y Biden, los republicanos en la Cámara iniciaron una investigación para un juicio político contra Biden donde exageraron repetidamente las pruebas sobre corrupción dentro lo que denominaron “la familia criminal Biden”. Uno de sus principales argumentos se basaba en declaraciones no verificadas provenientes de un informante del FBI que luego reconoció haberlas inventado.
Finalmente ni siquiera lograron reunir suficientes votos dentro del propio partido para presentar cargos formales pese a no necesitar apoyo demócrata. Por tanto esa pesquisa nunca cumplió un propósito legislativo real: justamente el límite que ahora intenta imponerles el Gobierno Trump frente a investigaciones demócratas.
Durante esa misma legislatura crearon además una comisión especial para investigar si el gobierno Biden usaba recursos estatales como arma política. Esa comisión también sobredimensionó pruebas y terminó sin resultados significativos.
Encuestas muestran que estadounidenses distinguen entre enfoques partidistas
No obstante esta postura firme adoptada recientemente por la Administración Trump tiene cierto sentido político. Teóricamente podría generar confusión al denunciar un supuesto exceso investigativo demócrata contra el Ejecutivo.
Pero diversos sondeos indican que la opinión pública estadounidense percibe diferencias claras entre cómo ambos partidos han manejado estas cuestiones.
Aunque gran parte del electorado consideró legítimos cargos formales contra Trump, encuestas realizadas el año anterior mostraron mayoritariamente con amplias diferencias porcentuales juicios críticos hacia procesos judiciales impulsados contra sus rivales como politizados e ilegítimos.
También había una percepción negativa significativa frente al proceso político iniciado contra Biden. Y una encuesta realizada a comienzos de 2023 reflejó que una mayoría amplia veía a la comisión republicana sobre uso político gubernamental más como un intento electoralista que una verdadera investigación objetiva.
Actualmente numerosos estadounidenses consideran justificado que el Congreso demócrata investigue ciertos temas relevantes.
Encuestas recientes revelan que cerca del dos tercios creen que Trump usa su presidencia para beneficio personal indebido. Asimismo un sondeo AP-NORC previo a las elecciones mostró que seis de cada diez ciudadanos deseaban ver al próximo Congreso enfocado en investigar al Gobierno Trump como prioridad.
Por supuesto es posible que algunos demócratas excedan límites: solo un 36 % consideró esa investigación como máxima prioridad para su partido. Pero existen asuntos concretos susceptibles de ser explorados con resultados tangibles.
Y eso parece ser lo que verdaderamente preocupa al Gobierno Trump.
Agregar Comentario