Fuente: Lency Alcántara/lency_alcantara@hoy.com.do
La propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de disminuir el número de diputados en 13 demarcaciones territoriales para las elecciones de 2028 cayó como un balde de agua fría sobre los congresistas de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Independientemente de la afiliación política, el rechazo fue inmediato.
Entre las provincias que han generado mayor inquietud se encuentran La Altagracia y Puerto Plata, cuyos representantes tienen posturas opuestas respecto a las repercusiones de esta medida.
En el caso de La Altagracia, su senador Rafael Duluc manifestó su desacuerdo con la pérdida de representación para esa provincia, argumentando que el crecimiento poblacional debería considerarse antes de implementar la reducción.
“No considero justo que la provincia de La Altagracia sea la que tenga que sacrificarse en esto”, señaló, al informar que están preparando un recurso para solicitar una revisión de la disposición.
El legislador afirmó que resulta contradictorio que una de las provincias con mayor crecimiento poblacional tenga que enfrentar una disminución en su representación en el Congreso.
Por su parte, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, indicó que esa demarcación enfrentará un impacto particular, ya que actualmente cuenta con dos circunscripciones y pasaría a tener solo una.
La preocupación también abarca a la provincia Santo Domingo, que perdería ocho diputados, así como a Barahona, cuya representación descendería de tres a dos legisladores.
Respecto a este último caso, un representante de Barahona calificó de innecesaria la reducción de 20 diputados y expresó su deseo de que la medida no se implemente.
“Lo que queremos es tener más representantes en Barahona, porque todos aportamos algo”, declaró.
Otros congresistas alertaron sobre el posible perjuicio que la redistribución podría causar en ciertas circunscripciones y cómo esto podría afectar la representación democrática de sus habitantes.
En contraste, algunos legisladores defendieron la aplicación de esta disposición constitucional, recordando que fue aprobada por el propio Congreso Nacional y subrayaron que corresponde a los representantes cumplir con lo establecido en la Carta Magna.
“Esto es un mandato constitucional porque nosotros los diputados así lo decidimos. Aquí lo que hay que hacer es acatar lo que dice la Constitución, porque somos sus guardianes”, afirmó la diputada Soraya Sánchez.
Posiciones dentro del Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el legislador Rogelio Genao está trabajando en una comunicación relacionada con la resolución de la Junta Central Electoral y recordó que los partidos políticos tendrán oportunidad para presentar sus observaciones.
Durante las discusiones también se puso en duda el criterio empleado para distribuir los escaños, señalándose que provincias como Santo Domingo, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez recibirían un impacto considerable, mientras que el Distrito Nacional tendría un trato menos desfavorable.
La reforma constitucional aprobada en 2024 modificó el artículo 81 de la Constitución y estableció una reducción en el número de diputados territoriales electos, pasando de 178 a 158, con aplicación prevista para las elecciones del 2028.
Para efectuar esta redistribución, la JCE toma como referencia el padrón electoral actualizado a mayo de 2024 y establece un mínimo de dos representantes por provincia.
Los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo 26 de noviembre para presentar sus observaciones antes de que el organismo electoral adopte una decisión definitiva sobre la distribución de los escaños.
Agregar Comentario