Fuente: Listin diario
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se trasladó ayer a la provincia de San Cristóbal para celebrar una audiencia con motivo del 182 aniversario de la Constitución dominicana.
Los 13 magistrados aprovecharon esta oportunidad para reiterar, ante representantes de los tres poderes del Estado, la importancia de garantizar la aplicación de las protecciones que la norma suprema otorga a los ciudadanos.
Napoleón Estévez, presidente del TC, señaló que estas reflexiones buscan "recordar a todas las autoridades que administran los poderes del Estado que juraron cumplir sus funciones conforme a la Constitución".
Entre las garantías mencionadas se encuentra el referendo, establecido en el artículo 210, que otorga a la población la facultad de decidir sobre temas políticos, sociales y económicos.
No obstante, 16 años después de su inclusión en la Constitución, el Congreso Nacional aún no ha aprobado una ley que regule esta figura y permita a los ciudadanos ejercer ese derecho.
Durante su intervención, la magistrada Sonia Díaz destacó este punto y llamó la atención de los diputados y senadores presentes en el acto.
"La falta de esa regulación está restringiendo el derecho de los votantes a manifestarse en un referéndum", afirmó.
La jueza consideró que los miembros del Poder Legislativo están incumpliendo el mandato constitucional, "que obliga a los órganos públicos a observar los principios y valores contenidos en la norma suprema".
"Esta omisión dificulta la construcción de una verdadera democracia participativa", añadió.
Díaz recordó que el TC estableció en la sentencia 0133 de 2021 un plazo de dos años para que el Congreso aprobara dicha legislación, pero hasta ahora no se ha emitido la ley correspondiente.
"Desde 2010 está contemplado en la Carta Magna, pero el Congreso Nacional no ha promulgado ninguna ley en sus diversas modalidades: consultivas, aprobatorias o municipales", insistió.
Finalmente, la magistrada instó a los legisladores a cumplir con esta obligación y exhortó a la ciudadanía a defender sus derechos.
Llamado a policías y militares
El magistrado Domingo Antonio Gil hizo referencia al artículo 69 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso para todos los ciudadanos.
Este artículo impone al Estado la responsabilidad de asegurar una justicia accesible, oportuna y gratuita para la población.
En ese sentido, Gil recordó a militares y policías que deben recurrir a los tribunales "cuando se trate de perseguir la delincuencia".
"Todos debemos acudir a los tribunales, gobernantes y gobernados. Esto incluye, por supuesto, a militares y policías cuando se trata de reclamar y proteger derechos", expresó.
El juez enfatizó que este mandato es ineludible para cualquier persona.
"Esa es la vía que debe seguir un Estado de derecho y toda sociedad civilizada; de lo contrario, todo sería una selva", subrayó.
Asimismo, aclaró que en República Dominicana no existen otros mecanismos constitucionales ni legales posibles para impartir justicia.
"En nuestra Constitución está prohibida la justicia del talión: ojo por ojo y diente por diente", puntualizó Gil, haciendo alusión al antiguo principio judicial del Código de Hammurabi.
Durante las declaraciones del magistrado estuvo presente el mayor general Ernesto Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, quien ha sido cuestionado recientemente por el aumento en el número de presuntos delincuentes muertos en supuestos enfrentamientos con agentes.
Según datos periodísticos, al menos 56 presuntos delincuentes fallecieron en estas circunstancias durante octubre pasado.
En la mesa principal también escuchaba atentamente las palabras de los jueces Raquel Peña, vicepresidenta de la República y mandataria en funciones tras el viaje al extranjero del presidente Luis Abinader.
Abinader se encuentra en España participando en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
¿Por qué San Cristóbal?
Los magistrados constitucionales y otros altos funcionarios visitaron San Cristóbal porque es considerada la "cuna" de la Constitución dominicana.
Esta provincia fue el lugar donde se proclamó el primer texto constitucional en 1844, año en que se declaró la Independencia nacional.
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