Fuente: Listin diario
El reglamento dará continuidad a los avances iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, establecido mediante el Decreto No. 787-26, que garantiza un uso responsable de la inteligencia artificial y refuerza la protección de los derechos ciudadanos.
Santo Domingo, RD. En el marco de las acciones para consolidar la gobernanza de la inteligencia artificial en el Estado dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que, ejerciendo sus funciones como órgano rector de la administración pública, elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, que será presentado al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto.
Este reglamento permitirá crear un marco normativo integral para la adopción, implementación y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en las entidades públicas, estableciendo criterios comunes sobre gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos.
La normativa dará seguimiento a los esfuerzos iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos por medio del Decreto No. 787-26, marcando un paso significativo para incorporar estas tecnologías en la gestión pública bajo reglas claras, asegurando la protección de los derechos ciudadanos, la transparencia y la responsabilidad institucional a través de los instrumentos existentes de transformación digital y modernización administrativa, promoviendo una aplicación coherente de las disposiciones y evitando duplicaciones y cargas administrativas innecesarias.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó que estas iniciativas forman parte de la visión estratégica del Gobierno dominicano para modernizar el Estado y lograr que las instituciones brinden servicios más simples, oportunos y accesibles, mediante un intercambio seguro de información y el uso responsable de las nuevas tecnologías.
Destacó que el propósito es crear las condiciones institucionales necesarias para que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer las capacidades estatales y simplificar su relación con la ciudadanía.
Freund también valoró positivamente la aprobación del Código de Ética, que establece principios y obligaciones para garantizar que el uso de inteligencia artificial en la administración pública respete la protección de datos personales, evite discriminación, asegure el debido proceso y mantenga supervisión humana.
Además, incluye evaluaciones de impacto para aquellos sistemas cuyo funcionamiento pueda afectar significativamente derechos fundamentales, acceso a beneficios públicos o prestación de servicios esenciales.
En su implementación, el MAP promoverá los lineamientos correspondientes a sus competencias rectoras en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encargada de la supervisión ética, y con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), responsable de las funciones técnicas previstas en el decreto.
Una agenda integral para la transformación digital del Estado
El ministro Freund explicó que el Ministerio de Administración Pública trabaja en cinco áreas interconectadas que constituyen las bases para una incorporación efectiva y responsable de la inteligencia artificial en la Administración Pública: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y capacitación de los servidores públicos.
Entre las normativas ya vigentes se encuentra el Decreto No. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, orientado a facilitar el intercambio seguro de información entre entidades y reducir los requisitos documentales solicitados a los ciudadanos.
Asimismo, está el Decreto No. 384-26 que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, mediante la cual las instituciones podrán anticiparse progresivamente a ciertas necesidades ciudadanas para facilitar el acceso a servicios y beneficios públicos.
A estas medidas se suma el Decreto No. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico sobre Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de mejorar la coordinación en inversiones tecnológicas, evitar duplicidades y fortalecer tanto la sostenibilidad como la eficiencia en los servicios digitales.
Freund reiteró que la inteligencia artificial debe servir para simplificar la relación entre los ciudadanos y el Estado, señalando que su aprovechamiento requiere datos confiables, instituciones coordinadas, inversiones adecuadamente dirigidas y servidores públicos capacitados.
Fortalecimiento de las competencias digitales del personal público
Como parte de esta agenda integral, el MAP impulsa la creación de un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con apoyo técnico internacional proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esta iniciativa tiene como finalidad orientar la formación, actualización y desarrollo profesional del servicio civil frente a las nuevas demandas administrativas, incluyendo el uso responsable herramientas basadas en inteligencia artificial, gestión adecuada de datos y habilidades necesarias para transformar digitalmente los servicios públicos.
El Ministerio enfatizó que junto con estas tecnologías deben implementarse procesos formativos que permitan al personal comprender sus oportunidades, riesgos y responsabilidades garantizando un uso alineado con el interés general.
Un proceso respaldado por evaluación del panorama IA
Estas acciones se complementan con el proceso denominado Evaluación del Panorama de Inteligencia Artificial (AILA por sus siglas en inglés), llevado a cabo por el MAP con asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La evaluación técnica realizada en marzo 2026 permite analizar las capacidades nacionales para adoptar responsablemente inteligencia artificial considerando aspectos como infraestructura tecnológica, disponibilidad y gobernanza datos, talento especializado, capacidades institucionales además regulaciones éticas vigentes.
Este ejercicio sirve como insumo fundamental para identificar prioridades e impulsar las siguientes fases en materia política pública sobre inteligencia artificial incluyendo fortalecimiento institucional y desarrollo normativo previsto para 2027.
El Ministerio reiteró que estos esfuerzos forman parte esencial una agenda modernizadora centrada en las personas donde innovación tecnológica debe traducirse en servicios públicos eficientes calidad superior instituciones más efectivas garantizando derechos ciudadanos.
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