Fuente: El Periódico de la Energía
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los países en desarrollo requieren alrededor de 305.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para enfrentar sequías, inundaciones, olas de calor, incendios y otros impactos derivados del cambio climático.
Según la ONU, estas naciones solo reciben una décima parte de los recursos necesarios para protegerse ante los efectos del calentamiento global, mientras el planeta se acerca a superar el límite de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.
En su 'Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026', el PNUMA, con sede en Nairobi, señala que la financiación pública internacional destinada a adaptación que proviene de países desarrollados apenas alcanzó entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024, último año con datos disponibles, cifra que representa apenas un incremento aproximado de 1.000 millones respecto a 2023.
"La humanidad no está lista para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, y mucho menos para las que implicará superar los 1,5 grados", alertó Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, refiriéndose al límite recomendado por el Acuerdo de París (2015).
Este informe se difunde pocos días antes del inicio de la cumbre climática de la ONU (COP31), que se celebrará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía.
Durante la COP31, "las naciones deben centrar sus esfuerzos en intensificar la financiación para la adaptación, con el objetivo planteado en la COP30 de triplicar estos fondos para 2035; siendo conscientes también de que será necesario ir aún más allá para salvar vidas, evitar pérdidas y daños, y proteger las economías", subrayó Andersen.
Una brecha que persiste
Los planes climáticos y de adaptación presentados por 155 países en desarrollo estiman necesidades financieras anuales entre 255.000 y 328.000 millones de dólares durante la próxima década, mientras que los modelos utilizados por el PNUMA calculan una cifra cercana a los 320.000 millones.
Estas cifras no incluyen en gran medida las necesidades del sector privado, cuyo aporte podría llegar a casi duplicar el monto total requerido.
La carga financiera es especialmente alta para los países de ingresos bajos, donde las necesidades en adaptación representan aproximadamente el 4% de su producto interior bruto (PIB).
Incluso si se cumple el compromiso adoptado en la COP30 de Brasil en 2025 de intentar triplicar la financiación internacional para adaptación hasta 2035, los fondos disponibles cubrirían solo entre el 20% y el 29% de lo necesario para ese año.
Por otro lado, la cooperación entre países en desarrollo ha aumentado, pasando de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024.
No todo depende del dinero
El PNUMA advierte que incrementar la financiación no será suficiente por sí sola, ya que muchos gobiernos enfrentan obstáculos legales, administrativos y problemas de coordinación para traducir sus planes de adaptación en acciones concretas.
Por ello, recomienda fortalecer las leyes climáticas, mejorar la coordinación entre administraciones públicas, optimizar los sistemas de gestión de fondos y establecer mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
Además, alerta que incluso con una mejor adaptación no será posible evitar todos los daños ocasionados por el calentamiento global.
Entre 2020 y 2025, los países de ingresos bajos y medios concentraron el 99 % de las 765 millones de personas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra; sin embargo, el informe aclara que estas consecuencias no pueden atribuirse totalmente al cambio climático provocado por actividades humanas.
Asimismo, durante la primera ronda del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños —un mecanismo multilateral para la financiación climática—, 119 países en desarrollo solicitaron un total de 2.800 millones de dólares frente a una dotación inicial disponible de apenas 342 millones.









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