Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
Una comisión permanente se encargará de supervisar y fiscalizar la implementación del plan de 100 días en el Poder Judicial, asegurando que se cumpla dentro del plazo establecido.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, presentó ayer una ambiciosa agenda de trabajo de apenas 100 días con el objetivo de instaurar lo que denominó "una justicia que responde".
Para asegurar el cumplimiento, monitoreo y garantía de que cada meta planteada se alcance en el tiempo estipulado, estableció una comisión de seguimiento compuesta por dos funcionarios y un consejero, encargada de supervisar con total rigor la ejecución de los objetivos en esta etapa inicial.
Medidas prioritarias
Entre las acciones más destacadas figura en primer lugar la rehabilitación de tribunales móviles en las cárceles, considerada una iniciativa humana y concreta para contribuir al descongestionamiento penitenciario. Además, se contempla la preparación de un modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado en cooperación técnica con Amazon, destinado a resolver casos de baja complejidad en los tribunales.
También se implementará un protocolo institucional antisoborno, se eliminarán las notificaciones "en el aire" mediante herramientas digitales y se impulsará la profesionalización, evaluación y promoción de jueces de carrera.
Tribunales móviles
Para avanzar en la meta del descongestionamiento carcelario, la administración planea rehabilitar e instalar nuevos tribunales móviles directamente en los establecimientos penitenciarios con mayor sobrepoblación y acumulación de casos, trabajando coordinadamente con el Ministerio Público y la Oficina de la Defensoría Pública.
El objetivo de estos tribunales es celebrar audiencias "in situ" para resolver procesos de menor complejidad, evitando así los traumáticos y costosos traslados de imputados hacia los palacios de justicia. El magistrado Montero señaló que estas movilizaciones generan constantes aplazamientos y afectan tanto a los detenidos como a sus familiares.
Asimismo, explicó que este modelo forma parte de una nueva mesa de gobernanza penal destinada a fomentar acuerdos y conciliaciones en casos sin alta trascendencia.
Nuevo modelo de IA
Para hacer frente al histórico retraso procesal, la alta corte desarrollará, en alianza técnica con Amazon, un modelo homogéneo de inteligencia artificial. Esta tecnología se encargará de gestionar y resolver casos estandarizados y de baja complejidad —que representan entre el 60 % y 70 % del flujo judicial— permitiendo que los jueces dediquen más tiempo y atención a expedientes más complejos.
Protocolo antisoborno
Ante el desafío que representa la corrupción y su percepción ciudadana, la presidencia del Poder Judicial promoverá un pacto interinstitucional que integrará a cinco actores clave: Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Policía, Defensoría Pública y Colegio de Abogados (CARD).
La finalidad es conformar un frente común ético, reconociendo que las malas prácticas en cualquiera de estas instancias afectan negativamente la imagen global del sistema judicial.
Paralelamente, indicó que "se implementará en todos los departamentos judiciales un protocolo antisoborno sujeto a evaluaciones por organismos nacionales e internacionales", complementado con un registro obligatorio para la declaración de conflictos de interés por parte de jueces y funcionarios.
Firma digital obligatoria
Entre las transformaciones digitales más significativas, el plan prioriza la masificación del uso obligatorio de firma digital para abogados, oficiales públicos y alguaciles.
Además, se introducirá un sistema digital de georreferenciación para los actos realizados por los alguaciles. Esta herramienta garantizará una trazabilidad precisa del lugar y momento exacto de cada notificación hasta su incorporación al expediente, eliminando las llamadas "notificaciones en el aire".
También se facilitará el acceso remoto a sentencias originales mediante códigos QR desde dispositivos móviles, suprimiendo la necesidad de trámites presenciales.
Relanzamiento de proyecto
Como parte de las metas inmediatas, la Suprema Corte relanzará un proyecto para fortalecer la jurisdicción disciplinaria dirigida a abogados y notarios públicos. Su principal objetivo es garantizar que estos procesos se conozcan en tiempos razonables y poner fin al rezago y al abandono histórico que han sufrido estos expedientes, aplicando el principio de consecuencia bajo estrictas garantías del debido proceso.
Fortalecimiento de la carrera judicial
Con miras a consolidar la estabilidad institucional, el plan incluye un programa sólido enfocado en la profesionalización y fortalecimiento tanto de la carrera judicial como administrativa.
Esta iniciativa busca revisar las normativas relacionadas con evaluación y ascenso "para garantizar absoluta seguridad laboral a empleados y jueces, dignificando su trabajo y consolidando un sistema transparente y blindado en materia de carrera".
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