Fuente: Listin diario
Un grupo conformado por siete abogados presentó una solicitud al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, en la que pide investigar las acciones de fiscales implicados en la solicitud y entrega de órdenes judiciales de arresto y allanamiento ejecutadas por la Policía Nacional en operativos que culminaron con la muerte de ciudadanos.
Los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña argumentan que existen indicios que justifican esclarecer la conducta del Ministerio Público en los procedimientos previos a los llamados intercambios de disparos, donde fallecieron personas a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
En el documento presentado, los abogados solicitan indagar qué fiscales solicitaron las órdenes de arresto y allanamiento, quiénes las recibieron y entregaron a los efectivos policiales, así como las condiciones en que se llevaron a cabo dichos operativos y el rol desempeñado por los representantes del Ministerio Público durante esos actos.
Los denunciantes afirman que, en algunas situaciones, fiscales habrían participado posteriormente en el levantamiento de las actas correspondientes a los hechos, por lo que consideran imprescindible determinar si estuvieron presentes durante los operativos y, en caso contrario, conocer las razones de su ausencia.
Reportan 47 muertes en 42 días
Los abogados indican que entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026 se registraron 47 muertes en intervenciones policiales, según un recuento basado en comunicados oficiales de la Policía Nacional y reportes mediáticos.
Señalan que estos fallecimientos ocurrieron durante los primeros 42 días de la actual administración del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Como referencia, apuntan que en los 42 días previos al cambio de mando se contabilizaron, según sus cálculos, hasta 14 muertes en circunstancias similares.
La denuncia también destaca que durante septiembre se reportaron 39 muertes en operativos policiales, cifra que califican como alarmante comparada con el mismo mes del año anterior.
Entre las víctimas figuran jóvenes y adolescentes, algunos con edades comprendidas entre 18 y 29 años, citando casos como los de Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26.
Respecto a este último, mencionan que su madre expresó públicamente dudas sobre la versión oficial y aseguró que su hijo estaba desarmado cuando fue abatido.
Solicitan indagar sobre la expresión "Clave 29"
Otro punto abordado en la denuncia es el presunto uso del término policial "clave 29", que los abogados interpretan como una referencia a la muerte de personas perseguidas por las autoridades.
En este sentido, atribuyen al director general de la Policía Nacional declaraciones públicas que podrían constituir una incitación a acciones contrarias al derecho a la vida y a las garantías constitucionales.
Los denunciantes estiman que dichas manifestaciones deben ser analizadas junto con el aumento en los fallecimientos ocurridos durante operativos policiales y las circunstancias específicas de cada caso.
Además, sostienen que los denominados intercambios de disparos no pueden ser considerados suficientes por sí solos para justificar el uso letal de la fuerza, por lo cual exigen investigaciones independientes que permitan esclarecer cómo sucedieron los hechos.
Solicitan diligencias al Ministerio Público
Entre las solicitudes dirigidas al procurador general figuran interrogar a los fiscales adscritos a la Fiscalía del Distrito Nacional que pidieron las órdenes judiciales relacionadas con las personas fallecidas.
También piden requerir a la fiscalía encargada de Asuntos Internos los informes sobre casos donde estén involucrados agentes policiales, especialmente miembros de la DICRIM.
De igual forma, solicitan a la magistrada Kenya Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, información sobre las órdenes de arresto expedidas, los fiscales solicitantes y las personas a quienes fueron entregadas.
Los abogados demandan que se inicie una investigación inmediata y que se les informe sobre sus resultados para determinar si existen responsabilidades penales por parte de miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público.
Advierten que si no obtienen respuestas o consideran insuficientes las investigaciones realizadas por las autoridades, se reservan el derecho a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos pertenecientes a las Naciones Unidas.
La denuncia fue además remitida al Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Iglesia católica y diversas instituciones nacionales e internacionales.
Los firmantes fundamentan su petición en disposiciones constitucionales que protegen el derecho a la vida, así como en normas procesales y tratados internacionales que obligan al Estado a investigar muertes ocurridas durante intervenciones oficiales.
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