Fuente: Hoy Digital
La DIDA valora la Sentencia TC/1135/26 y solicita al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el artículo para evitar que viudas, viudos o huérfanos tengan que demandar al Estado para recibir lo que les corresponde
SANTO DOMINGO.- Un médico que prestó servicios en el Ministerio de Salud Pública y en el Servicio Nacional de Salud fallece siendo pensionado.
Su esposa solicita la pensión por sobrevivencia, pero recibe una respuesta negativa: su marido nunca autorizó un descuento del 2 % sobre su pensión.
En lugar de obtener una pensión vitalicia, le entregan un pago único equivalente a doce mensualidades. El Tribunal Constitucional acaba de determinar que esta práctica vulnera sus derechos fundamentales.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) valoró esta sentencia, que ordena a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda y Economía conceder la pensión por sobrevivencia a la cónyuge, abonar todas las mensualidades adeudadas desde el fallecimiento del pensionado, cumplir con estas obligaciones en un plazo máximo de tres meses y pagar una multa diaria de RD$2,000 por cada día de retraso.
El Tribunal subrayó en su fallo que la ausencia de autorización para el descuento del 2 % no puede ser motivo para negar la pensión, ya que no corresponde que la viuda ni los hijos sufran las consecuencias de esa omisión.
Dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Administración. Además, resaltó que la pensión por sobrevivencia es un derecho adquirido e irrenunciable, protegido por el artículo 60 de la Constitución, aplicando los principios pro homine y de favorabilidad.
El artículo 6 de la Ley núm. 379-81, que regula las jubilaciones y pensiones estatales, establece que tras el fallecimiento del pensionado sus beneficiarios reciben únicamente el equivalente a doce mensualidades.
Solo si el pensionado autorizó durante su vida el descuento del 2 % (párrafo I), su familia conserva el derecho a una pensión permanente. En la práctica, un trámite desconocido por muchos pensionados determina si sus viuda o hijos cuentan con un ingreso vitalicio o solo con un pago anual.
Esta decisión no es aislada. Desde la Sentencia TC/0432/15 del 30 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el párrafo I del artículo 6 no es obligatorio, pues la ley señala que el pensionado "podrá" autorizar dicho descuento. Esta postura se ha reiterado en sentencias como TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25, TC/0029/26 y ahora en la TC/1135/26.
Sin embargo, a pesar de esta constante jurisprudencia, las negativas persisten. Cada familia afectada debe acudir a los tribunales para obtener, caso por caso, un derecho constitucionalmente garantizado en los artículos 38 (dignidad humana), 55 (familia), 57 (personas mayores) y 60 (seguridad social).
En este último caso, la viuda debió recurrir primero al Tribunal Superior Administrativo, que declaró inadmisible su amparo, y posteriormente al Tribunal Constitucional, casi dos años después del fallecimiento de su esposo.
Por este motivo, la DIDA presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley núm. 379-81. Mientras las sentencias de amparo benefician únicamente a quienes demandan, una resolución sobre esta acción tendría efectos generales y protegería a todas las familias de pensionados y jubilados estatales en la misma situación, sin necesidad de abogados ni largos procesos judiciales.
“El Tribunal Constitucional lleva más de una década señalando que la falta del descuento del 2 % no puede dejar sin pensión a una viuda. Lo justo es que ninguna familia tenga que demandar al Estado para recibir lo que le corresponde. Por eso pedimos al Tribunal que conozca nuestra acción y resuelva este problema para todos”, declaró Elías Báez, director general de la DIDA.
La DIDA reitera respetuosamente su llamado al Tribunal Constitucional para que analice y decida sobre esta acción legal con el fin de establecer una solución constitucional generalizada que garantice el derecho a la pensión por sobrevivencia a todos los familiares afectados.
¿Le negaron la pensión por sobrevivencia?
La DIDA invita a los familiares de pensionados y jubilados estatales a quienes se les haya rechazado la pensión por sobrevivencia a contactarse con la institución para recibir orientación y asistencia legal gratuita mediante el número 809-472-1900 (disponible 24 horas), sus redes sociales, su sede central, oficinas provinciales o los Punto GOB.
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