Fuente: Michael Rios/michael_rios@cnnespanol.cnn.com
Un tribunal del Reino Unido anuló una ley que prohibía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Trinidad y Tobago, marcando un avance significativo para los derechos LGBTQ+ en esta nación caribeña y dejando sin efecto una normativa colonial con más de cien años de antigüedad.
En su resolución, el Comité Judicial del Consejo Privado —con sede en Londres y máxima instancia de apelación para varias antiguas colonias británicas— confirmó la decisión de un tribunal inferior que ya había declarado inválida la ley vigente en el país, la cual penalizaba la "sodomía" y los actos de "indecencia grave" entre parejas del mismo sexo.
La legislación establecía penas de hasta cinco años de prisión por "sodomía" y hasta dos años por "indecencia grave". En los sistemas jurídicos actuales, el término "sodomía" ha quedado casi en desuso y es considerado ofensivo.
Trinidad y Tobago, aunque es un país independiente, permanece como república dentro de la Mancomunidad de Naciones británica.
Aunque varias antiguas colonias han derogado leyes coloniales sobre la sodomía —Inglaterra y Gales despenalizaron las relaciones sexuales entre hombres en los años 60—, aún existen restricciones similares en decenas de países.
El Consejo Privado fue llamado a decidir sobre la legislación de Trinidad y Tobago tras la impugnación presentada por Jason Jones, activista por los derechos LGBTQ+ nacido en Trinidad y residente en el Reino Unido. Jones inició un proceso judicial en el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, que le dio la razón en 2018; sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó esa sentencia en 2025. Posteriormente, Jones y su equipo legal apelaron ante el Consejo Privado para obtener una resolución definitiva.
Especialistas y activistas consideran que este fallo podría impulsar iniciativas semejantes en otras antiguas colonias que todavía criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La organización británica Human Dignity Trust informa que al menos cuatro antiguas colonias británicas en el Caribe —Jamaica, Guyana, Granada y San Vicente y las Granadinas— aún penalizan las relaciones sexuales entre hombres, aunque no todas están bajo la jurisdicción del Consejo Privado.
Antes de conocerse el fallo, Jones expresó a CNN que presentó su demanda con la intención de fomentar un movimiento hacia la igualdad, aunque reconoció que queda un largo camino por recorrer.
“Mi caso no se limita solo a la despenalización (de actos sexuales entre personas del mismo sexo) en países de la Mancomunidad que mantienen estas leyes coloniales británicas. Se trata de hacer visible cómo la homofobia se usa como arma para arrebatarnos nuestros derechos democráticos”, afirmó.
Más allá de los derechos LGBTQ+, el proceso judicial evidencia cómo el legado imperial británico continúa influyendo en los sistemas legales de algunas excolonias y ha llevado a cuestionar por qué ciertos países independientes siguen aferrados a políticas que su antigua metrópoli abandonó hace décadas.
“Debemos recordar que estas leyes fueron heredadas de nuestros colonizadores”, señaló Ria Mohammed, abogada y directora del Centro Caribeño para los Derechos Humanos. “Ellos [los británicos] las dejaron atrás hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos manteniéndolas?”.
Una ley con larga historia
Esta legislación tiene sus raíces varios siglos atrás: durante el reinado de Enrique VIII en el siglo XVI, Inglaterra promulgó la denominada "Ley contra la sodomía". Más adelante, el Imperio británico incorporó una versión similar en Trinidad y Tobago mediante una norma de 1925.
Tras alcanzar la independencia, Trinidad mantuvo esta prohibición vigente debido a una cláusula de salvaguarda que protege las leyes anteriores a la independencia frente a posibles impugnaciones, explicó Mohammed. Esta cláusula fue diseñada originalmente por los británicos como una medida temporal para evitar vacíos legales durante la transición hacia la independencia; sin embargo, algunos Estados —incluido Trinidad y Tobago— aún continúan aplicándola. Los críticos sostienen que esto ha permitido que subsistan normativas obsoletas que ya no se ajustan a los estándares sociales actuales.
En 1986, Trinidad y Tobago derogó las disposiciones sobre delitos sexuales contenidas en la ley de 1925 e introdujo medidas más estrictas, aumentando las penas de prisión para quienes infringieran la norma e incluyendo sanciones para mujeres por actos considerados "indecentes". Fue precisamente esta modificación la que permitió a Jones impugnar la ley.
Los abogados de Jones argumentaron que las reformas de 1986 eran diferentes a las establecidas en la legislación colonial de 1925; por lo tanto, no estaban protegidas por la cláusula de salvaguarda y podían ser cuestionadas legalmente.
“No se trata ya de culpar a Enrique VIII ni a los británicos. Esto es nuestra propia homofobia producida aquí mismo”, declaró Jones a CNN.
La “ironía suprema”
El fallo tiene efecto únicamente en Trinidad y Tobago. No obstante, activistas confían en que este precedente facilite impugnaciones contra leyes similares que prohíben relaciones homosexuales en otras antiguas colonias bajo jurisdicción del tribunal londinense como última instancia.
“La decisión será vinculante para Trinidad y Tobago. Pero lógicamente, si otro país forma parte del sistema judicial del Comité Judicial del Consejo Privado… resulta improbable que un caso proveniente de otra jurisdicción tenga un resultado diferente”, señaló Mohammed.
Por ello, es probable que este caso sea seguido atentamente en todo el Caribe anglófono, donde varias excolonias conservan al Consejo Privado como última corte mientras mantienen leyes contra las relaciones entre personas del mismo sexo.
En algunos países se ha reavivado el debate acerca de si deberían reemplazar al Consejo Privado por la Corte de Justicia del Caribe como máximo tribunal.
Cinco naciones —Belice, Guyana, Barbados, Santa Lucía y Dominica— ya han adoptado esa medida.
Mohammed calificó como irónico que para invalidar una normativa colonial Trinidad y Tobago haya tenido que recurrir al sistema judicial de su antigua potencia ocupante.
“Es la ironía suprema; además es un momento para reflexionar: ¿qué estamos haciendo realmente?”, planteó. “En realidad se trata de iniciar una conversación madura acerca del tipo de sociedad que queremos construir”.
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