Fuente: Karim Agharbi/karim_agharbi@cadenaser.com
La universidad se suma a las protestas del resto de niveles educativos con dos días de huelga para exigir mejoras en la educación pública
Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado a estudiantes y trabajadores a una huelga los días 4 y 5 de noviembre. Su principal demanda es revertir "la infrafinanciación que el sistema público universitario en la Comunidad de Madrid ha sufrido durante más de quince años", según un comunicado abierto dirigido al gobierno regional. La semana pasada, el ejecutivo madrileño presentó los presupuestos para 2027, pero desde el comité unitario de las seis universidades consideran que "no existe voluntad política" para resolver esta problemática.
Estas movilizaciones universitarias coinciden con la huelga indefinida que mantienen desde el 14 de octubre los docentes de primaria, secundaria y formación profesional, así como con la protesta indefinida que llevan a cabo las educadoras infantiles desde hace casi siete meses. Todas estas reivindicaciones comparten el objetivo de mejorar las condiciones laborales y aumentar la financiación de la educación pública. Además, coinciden en exigir a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación para abordar estos conflictos laborales.
Universidades que recurren a préstamos
El curso pasado, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con todos los rectores de las universidades madrileñas por un total de 14.800 millones de euros en un plan a cinco años, en el cual se estableció como condición imprescindible la implementación de recortes. Desde su firma, los sindicatos rechazaron el acuerdo al considerar que no resolvía la falta de financiación adecuada. La oposición reprocha al gobierno regional que solo aporte el 60 % del monto total; el resto procede de las cuotas familiares, acuerdos con empresas privadas y proyectos en colaboración con el Estado y la Unión Europea.
La Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son las instituciones más perjudicadas por esta infrafinanciación. En febrero, el rector de la Complutense comunicó a su comunidad educativa la grave situación financiera que atraviesa la universidad y alertó sobre posibles recortes tanto en personal docente como en técnico-administrativo. En ese momento, estimaba un déficit superior a los 33 millones de euros y anunció un plan de ajustes que alcanzaba el 35 %, incluyendo la eliminación de asignaturas optativas, reducción de horas lectivas, supresión de ayudas a grupos de investigación y reasignación de grupos. Para superar esta crisis, la UCM solicitó un préstamo de 34 millones a la Comunidad de Madrid, lo que implicará un pago en intereses de 4,4 millones.
En cuanto a la URJC, segunda universidad con mayor número de alumnos en Madrid y con peor financiación por estudiante del país, enfrenta una situación similar. Su déficit en el último año llegó a 76 millones de euros y ya contempla solicitar un rescate por valor de 40 millones. Dentro del plan de ajustes, la dirección ha advertido que "el considerable aumento previsto en el precio del gas natural obliga a la Universidad Rey Juan Carlos a adoptar medidas inmediatas para controlar el consumo energético durante la temporada de calefacción 2026-2027". Asimismo, al inicio del curso, la gerencia informó que "la universidad está atravesando una situación económica complicada" y adelantó que aplicarán "una política orientada a contener gastos y mejorar ingresos".
Presupuestos considerados insuficientes
Las plataformas universitarias convocantes sostienen que el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno regional el pasado 30 de octubre contempla un aumento del 14,6 % en la financiación universitaria, lo que supone unos 180 millones más respecto a 2026. Sin embargo, denuncian que solo se incrementa un 5 % la financiación básica destinada a cubrir nóminas y gastos ordinarios. Según los datos proporcionados por estas plataformas, la financiación básica pasará de 1.166,3 a 1.224,6 millones de euros (un aumento de 58,3 millones), mientras que otros 35,4 millones se destinarán a compensar subidas salariales ya comprometidas y 92,6 millones —el 51 % del aumento anunciado— corresponderán a fondos finalistas, condicionados o temporales.
Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades, ha calificado estas demandas como "totalmente inalcanzables". Esta postura es coherente con su respuesta ante las reivindicaciones del resto de etapas educativas. Desde su departamento recuerdan el acuerdo firmado con los rectores y solicitan paciencia para evaluar sus efectos. Por su parte, desde las universidades —al igual que los docentes de primaria y secundaria y las educadoras infantiles— instan a Zarzalejo a sentarse a negociar para encontrar una solución viable a estos conflictos laborales.
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