Fuente: CNN Español
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad una reforma parcial a la ley eléctrica tras haber pospuesto tres veces el debate definitivo. Esta modificación busca fomentar la inversión privada y extranjera en un sector que enfrenta una crisis prolongada, la cual se ha intensificado este año debido al aumento de la demanda y la apertura en el ámbito petrolero.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras reformas legales orientadas a abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la generación de electricidad "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente".
Según esta normativa, las concesiones otorgadas a empresas privadas tendrán un límite máximo de 25 años.
Generación eléctrica por parte de privados
Durante la discusión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del chavismo, afirmó que la ley "no promueve en modo alguno la privatización" del sector, pero sí permite "la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad".
Luego de la votación, Rodríguez —quien además es hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— calificó como "necesaria" esta apertura en un sector que fue nacionalizado en 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
En ese marco, el diputado explicó que la reforma facilitará que el sector privado "también pueda proporcionar el servicio (…) sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales".
El Ministerio de Energía Eléctrica será responsable de otorgar las concesiones para generación superior a 50 megavatios (MW) o para proyectos que involucren o afecten "bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional", según indica el texto legal.
Una vez finalizada la habilitación, la empresa operadora deberá devolver y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o al ente designado todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su gestión, libres de gravámenes.
Asimismo, la ley establece que cualquier discrepancia o conflicto que no pueda resolverse amigablemente entre las partes podrá ser dirimido por tribunales venezolanos o mediante mecanismos alternativos como mediación y arbitraje.
Respecto a las compañías petroleras, el texto indica que deben "asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias", ya sea mediante autogeneración, cogeneración o contratación con terceros, con el fin de asegurar su autonomía operativa.
Por su parte, las empresas petroleras y sociedades independientes de generación eléctrica no necesitarán autorización estatal para producir energía destinada a sus redes internas, excepto cuando estas se interconecten con la red nacional.
Sanciones establecidas
La legislación advierte que las empresas podrán ser sancionadas con multas de hasta un 2% sobre sus ingresos brutos correspondientes a los doce meses previos al mes en que se cometió la infracción. Estas sanciones aplican por incumplimiento de normas relacionadas con instalaciones, instrucciones recibidas o por no suministrar información requerida por la autoridad competente.
También será causal para sanción la "negativa injustificada a permitir verificaciones e inspecciones".
El texto contempla penas privativas de libertad que van desde dos hasta cinco años por hurto de equipos eléctricos y desde dos hasta seis años por robo de energía eléctrica con fines lucrativos mediante conexiones no autorizadas superiores a 5.000 kilovatios hora mensuales.
Venezuela enfrenta una crisis eléctrica desde hace más de una década; sin embargo, en el último año los apagones han aumentado considerablemente, provocando protestas en varias regiones del país.
La oposición y expertos atribuyen estas fallas al fraude y falta de mantenimiento, mientras que el Gobierno sostiene que son consecuencia de sanciones internacionales, fenómenos climáticos y supuestos actos de sabotaje.
Recientemente, Delcy Rodríguez aseguró que "pronto" habrá alivio para esta crisis.
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