Fuente: Hoy Digital
Tribunal confirma nuevamente la prisión preventiva de Santiago Hazim y otros imputados vinculados a la Operación Cobra
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal de instrucción ratificó este jueves, a petición del Ministerio Público, la prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y varios coimputados involucrados en la red que defraudó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), dentro del caso investigado por la Operación Cobra.
La resolución judicial también confirma la privación de libertad para los acusados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y Ramón Alan Speakler.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional modificó la medida restrictiva para Rafael Martínez Hazim, atendiendo a una condición médica presentada por su defensa; por lo que cumplirá arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Además, se le impuso una garantía económica de 15 millones de pesos a través de una aseguradora y tiene prohibido salir del país.
Durante la audiencia, el equipo fiscal estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Al solicitar al juez Deiby Timoteo Peguero que rechazara el pedido de modificar la medida coercitiva, Camacho argumentó que "no existe ningún elemento que justifique cambiar la medida impuesta".
El magistrado fijó para el 26 de noviembre la lectura completa de su fallo.
En las razones expuestas para mantener la prisión preventiva, el juez hizo referencia a los criterios legales aplicados inicialmente en consideración a la gravedad de los delitos cometidos contra una entidad destinada a brindar servicios de salud a amplios sectores poblacionales. También recordó el riesgo de fuga de los procesados y el perjuicio causado al Estado y a la sociedad.
Asimismo, mencionó la decisión del Tribunal Constitucional que establece un test de ponderación al revisar medidas coercitivas. En ese contexto, señaló que persisten las causas que originaron la prisión preventiva para Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles.
La defensa de Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero dividir la audiencia de revisión obligatoria dado que sus clientes esperan una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones programada para el 10 de noviembre de 2026.
El procurador adjunto Wilson Camacho respondió que la revisión obligatoria no impide conocer el recurso de apelación.
Tras analizar las solicitudes, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por las defensas, tal como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Esta medida había sido confirmada previamente en agosto pasado.
En este proceso también está imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
La investigación derivada de la Operación Cobra continúa contra Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes en diciembre recibieron medidas coercitivas consistentes en arresto domiciliario, pago de garantías económicas e impedimento para salir del país.
Además, Ángel Luis Guzmán Vásquez enfrenta prisión preventiva desde mayo pasado en el centro penitenciario correspondiente; esta fue ratificada por el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional el 30 de julio.
Avance en la persecución contra la red criminal
La estructura delincuencial fue desarticulada gracias a la Operación Cobra. Posteriormente, el Ministerio Público inició el proceso judicial buscando sanciones penales y el decomiso de los fondos sustraídos del patrimonio público.
Las acciones realizadas por los acusados perjudicaron a los afiliados al SeNaSa al defraudar esta administradora pública con miles de millones de pesos.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación ilícita, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público recogió pruebas sobre sobornos masivos, alteraciones en estados financieros y programas especiales sin respaldo legal que sirvieron para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instaurado por el director ejecutivo del SeNaSa junto a funcionarios de esa ARS y con la participación criminal organizada de prestadores del servicio sanitario en perjuicio del Estado dominicano.
En junio pasado también se ejecutó la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas vinculadas a abusos dentro del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Estas maniobras fraudulentas afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes oncológicos y al SeNaSa.
Fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro directivo del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez —quien se divorció en 2014— y desempeñó funciones como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante presidencia del imputado.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Por último, en septiembre pasado se ejecutó la Operación Cobra 2.0-A. En dicho proceso fueron impuestas medidas coercitivas a 24 personas, entre ellas varios médicos.
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