CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá (AFP).- La fiscalía panameña ordenó indagar a 17 personas por presunto blanqueo de capitales, relacionado con el pago de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, informó este martes la Fiscal General, Kenia Porcell.
“Estas son las primeras 17 personas a las que también se les han formulado cargos conforme a la información que he recibido en la mañana de hoy (martes) por parte de las fiscalías anticorrupción”, dijo Porcell en conferencia de prensa.
La funcionaria no reveló los nombres aduciendo reserva del sumario, aunque precisó que incluye tres exfuncionarios “de alta jerarquía”, ocho empresarios panameños, cinco empresarios de otras nacionalidades y un oficial de la banca privada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares.
Porcel espera que empiecen a presentarse a la fiscalía algunas de las personas señaladas por estas investigaciones, que también se adelantan en Suiza.
Según el diario local La Prensa, la fiscalía federal de Suiza “ha identificado al menos tres cuentas bancarias” en Panamá donde entre 2007 y 2010 se “recibieron unos 59 millones de dólares provenientes de bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por Odebrecht”.
Además, los fiscales suizos “han acusado formalmente” a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
Ambos hijos del exgobernante habrían recibido, según las acusaciones, dinero “por órdenes de Odebrecht en calidad de sobornos por obras de infraestructura adjudicadas a la empresa por el Estado panameño”, dice La Prensa.
Por ese motivo, las autoridades helvéticas incautaron 22 millones de dólares en cuentas bancarias a los hijos de Martinelli, quienes en un comunicado manifestaron que sus abogados están atendiendo las solicitudes requeridas por las autoridades suizas.
Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami (Estados Unidos), es requerido por la justicia panameña por espionaje a opositores y es investigado por múltiples escándalos de corrupción.
Odebrecht, a la que el gobierno panameño prohibió licitar en el país mientras no devuelva el dinero pagado en sobornos, se comprometió a reintegrar ese dinero entregado en comisiones.
