SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina Del Castillo, declaró que están a la espera de la decisión del Tribunal Superior Administrativo para poder actuar con las sanciones correspondientes contra los bares y restaurantes que están cobrando el 10% de propina de ley a los consumidores que piden sus productos para llevar.
Este bloqueo se da porque la asociación de restaurantes interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo a la decisión de Pro-Consumidor que hace suspensivo el ejercicio sancionatorio de esta institución en este caso hasta tanto el tribunal falle al respecto, por lo que espera la decisión del TSA para que ratifique la condición de Pro-Consumidor de poder sancionar cuando se cobra ese 10% adicional.
Del Castillo aclaró que es solo en este caso que no pueden aún colocar sanciones, ya que la facultad sancionatoria de esa institución se aplica para cualquier otro tipo de casos.
El año pasado Pro-Consumidor emitió una resolución advirtiendo que no es correcto cobrar el 10% de propina de ley cuando el consumo es para llevar, sin embargo la mayoría de bares y restaurantes cobra este impuesto a todo el que pide para llevar y lo aplican también al servicio de delivery siendo ésta una práctica ilegal.
Del Castillo aclaró que es completamente ilegal que se les cobre el 10% de propina de ley a los clientes que no van a consumir dentro de un establecimiento ya que el origen de este impuesto establecido en el artículo 228 de la Ley No. 16-92 del Código de Trabajo de la República Dominicana es justamente para incentivar a los empleados que atienden dentro a que den un mejor servicio.
Ademas, destacó que muchos propietarios de bares y restaurantes se excusan diciendo que no pueden disgregar el cobro del 10% porque así están preparadas las impresoras fiscales, sin embargo Pro-Consumidor investigó en la Dirección General de Impuestos Internos y sí es posible separar o eliminar este impuesto con las impresoras fiscales de la DGII, lo que significa que los propietarios de bares y restaurantes lo hacen conscientes de la ilegalidad que representa.
Del Castillo instó a los consumidores a reclamar siempre que vean violados sus derechos y a presentar esta o cualquier otra reclamación ante Pro-Consumidor para que ellos puedan tener un mayor conocimiento de lo que está pasando.
