Un informe de Oxfam señala que al momento de su creación, la ley no tomó en cuenta el costo de las acciones que establecía, por lo que subsisten deficiencias que obstaculizan acceso a la protección y justicia a víctimas y sobrevivientes de violencia contra las mujeres
Santo Domingo, República Dominicana.- Un nuevo informe de la organización Oxfam destaca que a veinte años de la promulgación de la Ley 24-97, que sanciona la violencia contra las mujeres, la legislación obligó al Estado mantener una estructura mínima para su implementación y permitió el desarrollo de otras legislaciones y políticas públicas con acciones afirmativas para este colectivo.
Sin embargo, indica que pese a estos elementos positivos, aún subsisten deficiencias que obstaculizan la plena ejecución de esta ley; los protocolos para su puesta en práctica son insuficientes y la escasa inversión en el presupuesto nacional y los presupuestos institucionales para trabajar un problema que alcanza las proporciones de epidemia.
El estudio denominado “Logros legislativos, promesas incumplidas: Brechas en la implementación de leyes sobre la violencia contra las mujeres y las niñas”, elaborado por Susi Pola, agrega que esto constituye un nudo para el desarrollo de buenas prácticas en la ejecución de esta política.
Añade que al momento de su creación, la ley no tomó en cuenta el costo de las acciones que establecía, por lo que no se ha logrado la inversión necesaria en el presupuesto para su aplicación, plantea el estudio. De esta forma, los pocos recursos disponibles no alcanzan para un aumento de personal, capacitación, aplicación de un régimen de consecuencias, entre otras cosas, que faciliten el acceso de las mujeres a la justicia y mejoren la respuesta de la misma.
También identifica que el Estado carece de mecanismos estandarizados para medir la violencia de una manera integral, a partir de indicadores claros y de registros con perspectiva de género y derechos humanos, lo que no permite el monitoreo y seguimiento debido a las acciones del sistema. Asimismo, no existen políticas firmes que aborden los factores de riesgo de las mujeres.
Además, el informe plantea que a pesar de que la violencia contra las mujeres es un problema grave de salud pública y de derechos humanos, dos áreas muy importantes para la prevención y detección de esta problemática social como lo son Salud Pública y Educación, apenas participan en el sistema nacional de atención.
El informe recomienda, entre otras cosas, que la violencia contra las mujeres sea declarada prioridad nacional por parte del Estado, de manera que se aumenten los presupuestos para combatirla, que se capacite permanentemente a los actores involucrados del sistema, y que se establezca la inclusión del tema en los currículos formales e informales de los profesionales de salud, educación y derecho.
Asimismo, que es necesario que se fortalezcan los programas de atención a los agresores y se trabaje el tema de la nueva masculinidad.
