Haití, — Haití busca la ampliación de un programa de regularización de extranjeros que se ejecuta en República Dominicana y que afecta a miles de haitianos radicados en este país, la gran mayoría en condición ilegal, se informó en la capital haitiana.
El nuevo embajador de Haití en República Dominicana, Daniel Supplice, dijo en exclusiva al periódico haitiano Le Nouvelliste que la extensión de la fecha de caducidad del programa estará en el «corazón de la próxima reunión» de alto nivel entre los dos países, que se realizará a mediados de este mes.
El Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que vence el 15 de junio próximo, fue lanzado el año pasado en cumplimiento a un fallo del Tribunal Constitucional dominicano que en 2013 determinó que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque nació de padres cuya condición de «extranjeros en tránsito» (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
El gobierno dominicano ha dicho que todos los extranjeros que no se hayan acogido al plan serán deportados a sus respectivos países «respetando los derechos humanos».
El encuentro donde se tratará la extensión del plazo, según el embajador haitiano, fue anunciado esta semana en Ecuador el canciller dominicano, Andrés Navarro, y su colega haitiano, Lener Renauld, reunidos en el marco de la VIII Reunión de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El gobierno haitiano desarrolla, actualmente, un Programa de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH) para documentar a sus ciudadanos radicados en territorio dominicano, pero Supplice cree que «es un fracaso».
El PIDIH fue establecido en República Dominicana el pasado mes de julio, con el fin de proporcionar documentos (certificado de nacimiento, carné de identidad, pasaporte) a descendientes de haitianos que viven ilegalmente en este país.
Debido a presiones de inmigrantes haitianos y a fallas en su aplicación, el gobierno del presidente Michel Martelly quitó el manejo del plan al Ministerio de Haitianos Residentes en el Exterior y lo pasó a la Cancillería, redujo el costo de la dotación del documento de identidad de 2.500 a 1.000 pesos, y abrió recién el mes pasado dos oficinas en Santiago y Barahona, para reforzar la que funciona en Santo Domingo.
